La política y la justicia como no puede ser de otra manera volvieron a cruzarse. Esta vez fue en el ámbito de la Ciudad, donde dos proyectos legislativos opuestos entraron en discusión. El problema radica en que uno de ellos pareciera no ser constitucional.
El primero de ellos se consensuó durante seis meses entre los distintos sectores del Poder Judicial de la Ciudad. Una vez logrado este acuerdo llegó a la Legislatura. El consenso logrado no era nada menor, ya que hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Luis Lozano, lo avalaba.
El proyecto en cuestión tenía que ver con el “Sistema de Formación y Capacitación Judicial” (SFCJ). En el mismo se proponía que el número de composición del Consejo Académico tuviera 13 miembros, entre ellos uno del Tribunal Superior de Justicia y 3 jueces. De este modo se lograría el traspaso al Tribunal Superior de Justicia del Centro de Formación Judicial.
Sin embargo, descontentos con la iniciativa, desde el PRO surgió un nuevo proyecto legislativo. Este está impulsado por el consejero suplente del Consejo de la Magistratura, Germán Garavano y por el operador judicial macrista, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. La iniciativa finalmente fue presentada en la legislatura porteña por el legislador Daniel Presti.
La presentación sorprendió a todos porque rompió el consenso que se había logrado. Pero sobre todo porque era muy distinto al primero. Según las fuentes consultadas por Noticias Urbanas el objetivo del proyecto impulsado por Garavano y Rodríguez Simón era el de lograr que la jueza Inés Weinberg de Roca que integra el Tribunal Superior de Justicia porteño, integrara el Consejo Académico.
Y para que esta movida prosperara se cambiaba la composición original del Consejo Académico, colocando a 3 miembros de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, a un representante del Ministerio Público de la Ciudad y a un representante de los jueces. Con lo cual reducía de 13 miembros a 5 el número de integrantes del Consejo Académico que proponía el proyecto que había sido consensuado.
Con esta drástica reducción se elimina la representación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), algo que no se puede hacer porque carece de sustento constitucional.
Noticias Urbanas accedió al proyecto de ley consensuado y apoyado por el sector mayoritario del Poder Judicial porteño. El artículo uno dice: “Incorporase al texto de la ley nº 7 el TITULO IV ‘SISTEMA DE FORMACION Y CAPACITACION JUDICIAL’”.
Más adelante se aclara: “El Tribunal Superior de Justicia dirige el Sistema de Formación y Capacitación Judicial y coordina las actividades con las universidades a fin de atender a la formación y el perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la Magistratura”.
Finalmente en el artículo 54 se refiere específicamente a la composición del Consejo, tema clave de la disputa:
“El Consejo Académico está integrado por un (1) representante del Tribunal Superior de Justicia; tres (3) de los/as Jueces/Juezas, elegidos por sus pares, los que no podrán ser del mismo fuero, dos (2) por la lista que haya obtenido mayor cantidad de votos y uno(1) por la que le siga en cantidad de sufragios; uno/a (1) de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; uno/a (1) del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegido del estamento de los abogados; los tres (3) titulares del Ministerio Público; y tres (3) profesores/as titulares y adjuntos designados por concurso, en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El representante del Tribunal Superior es su presidente/a permanente y, al igual que los representantes de los Jueces y del Ministerio Público, no son relevados de su función judicial. Las funciones del Consejo Académico son cumplidas ad honorem a excepción de los representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el representante de la Legislatura, siempre que no perciban remuneración estatal alguna”.
El párrafo arriba citado parece definir claramente la composición del SFCJ aunque la pelea política continúe por estas horas. La Constitución será el límite de la misma.