Un fallo del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dejó al descubierto una compleja serie de irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña de las elecciones primarias de 2017 en la provincia de Buenos Aires. La resolución apunta directamente a los responsables económico-financieros de “Cambiemos Buenos Aires”, la representación provincial de la extinta coalición formada por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, y otros partidos.
La investigación detectó que, de las contribuciones declaradas, al menos 360 donaciones fueron adjudicadas a personas que desmintieron haber aportado dinero. Según Ramos Padilla, las pruebas recolectadas muestran que estas inconsistencias configuran el delito de falsedad ideológica de documento público. Además, el magistrado remarcó que alrededor del 90% de los aportes privados se realizaron en efectivo, dificultando aún más el rastreo del origen de los fondos.
“No debe pasarse por alto que, para dichas elecciones, la agrupación ‘Cambiemos Buenos Aires’ informó haber recibido aportes por un total de $38.192.825, cifra que, ajustada por el IPC, asciende a más de $2.300 millones actuales”, explicó el juez en su fallo.
El proceso judicial incluye a Alfredo Gabriel Irigoin, Carla Silvia Chabán, Julián Vilche y Mauricio Redigonda, todos vinculados al manejo económico de la campaña. Ramos Padilla ordenó embargos individuales de entre 30 y 50 millones de pesos y exigió a los acusados la notificación de cualquier cambio de domicilio.
Falsos aportantes
El origen de esta causa se remonta a 2018, cuando numerosos ciudadanos, principalmente de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y otras localidades bonaerenses, comenzaron a denunciar que figuraban como donantes sin haber efectuado aportes. Muchas de estas personas, según el fallo, atraviesan situaciones económicas precarias, lo que agrega gravedad a las irregularidades detectadas.
La Cámara Nacional Electoral ya había desaprobado la rendición de cuentas de Cambiemos en diciembre de 2018, lo que activó las investigaciones judiciales. El fallo también menciona que el método de aportes en efectivo generó “incertidumbre total” sobre la procedencia de los fondos, sugiriendo incluso que el dinero podría provenir de fuentes ilícitas.
“Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible determinar si el financiamiento procede de actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción o terrorismo”, enfatizó el magistrado en su resolución.
Ramos Padilla rechazó recientemente un recurso presentado por la defensa de los procesados, que argumentaba que el proceso penal no debía avanzar mientras estuviera pendiente una resolución de la Corte Suprema sobre el control patrimonial de los partidos políticos. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez desestimaron este planteo al considerarlo improcedente.
La causa, que todavía aguarda definiciones en instancias superiores, avanza con un escenario donde la transparencia del financiamiento político vuelve a estar en el centro del debate debido a la reforma electoral impulsada por el oficialismo, que pone fin al financiamiento público de los partidos políticos.
El escándalo de los aportantes truchos
El escándalo de los aportantes truchos apareció en la escena pública tras una investigación en 2018, cuando el periodista Juan Amorín descubrió que el Ministerio de Trabajo, entonces bajo la dirección de Jorge Triaca, había transferido más de 11 millones de pesos en 2016 a la frigorífica Friar. La empresa había declarado encontrarse en crisis financiera, amenazando con despidos y cierre de operaciones.
Sin embargo, en 2017, Friar realizó aportes de 2 millones de pesos al Pro nacional bajo la etiqueta de “gastos de desenvolvimiento institucional”. Ese mismo año, la compañía fue beneficiada con un notable aumento en la distribución de la cuota Hilton, escalando al segundo lugar entre las principales exportadoras de carne del país.
El caso se expandió rápidamente, revelando irregularidades en la campaña presidencial de Mauricio Macri de 2015 y en elecciones posteriores. Médicos, empleados públicos, jubilados y trabajadores independientes figuraban como aportantes sin haber realizado donación alguna. Además, se identificaron casos de empresas constructoras y firmas de seguridad que, entre 2015 y 2018, obtuvieron contratos millonarios con los gobiernos nacional, provincial y municipal.
Uno de los testimonios más impactantes provino de audios publicados por el medio El Destape en 2018. En ellos, el diputado del Pro por Tierra del Fuego, Gastón Roma, admitía haber falsificado avales para cumplir con los requisitos de presentación de listas: “Se trucharon los avales (…) La noche que lo firmé, él sabía que era trucho. Ninguno de los dos iba a poder juntar los avales”, expresó Roma. Más tarde, también relató una reunión con un juez que le aseguró impunidad debido a sus fueros parlamentarios. El escándalo alcanzó otras provincias como Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Tucumán, donde también se detectaron falsos aportantes y maniobras similares.
La controversia tuvo un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de María Eugenia Vidal. Inicialmente en silencio, Vidal enfrentó la presión pública al designar a María Fernanda Inza como contadora general de la provincia, pese a las acusaciones en su contra. Inza, quien había sido tesorera de la campaña de 2017, fue señalada como la responsable de las afiliaciones y aportes falsos.
Ante la creciente indignación, Vidal le pidió la renuncia apenas cinco días después de su nombramiento, aunque defendió su figura: “Hace años que trabaja conmigo, la conozco y confío en ella”, declaró la gobernadora. La situación escaló cuando asesores de Inza, recientemente incorporados a la Contaduría General, se atrincheraron en las oficinas del organismo.