La Cámara Federal confirmó este martes los procesamientos de un grupo de exfuncionarios y productores de la Televisión Pública por presunta administración fraudulenta en el Estado, a raíz del escándalo que se inició por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro del canal de televisión estatal.
Se trató de una decisión dividida, en donde los jueces de la Sala II del tribunal determinaron en forma unánime que las irregularidades existieron y que ese volumen de dinero -más de 11 millones de pesos en efectivo- no podía manejarse por afuera de los canales habituales de la administración.
Pero en lo que hubo diferencias fue en las interpretaciones sobre el rol de los imputados. Mientras que los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que las pruebas eran suficientes para confirmar los procesamientos, el juez Roberto Boico promovió el dictado de al falta de mérito para llevar adelante las pruebas solicitadas por las defensas y esclarecer qué papel tuvieron las autoridades del canal, sostuvo la resolución a la que accedió y publicó el sitio Infobae.
La Cámara Federal confirmó este martes los procesamientos de un grupo de exfuncionarios y productores de la Televisión Pública por presunta administración fraudulenta en el Estado, a raíz del escándalo que se inició por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro del canal de televisión estatal.
Se trató de una decisión dividida, en donde los jueces de la Sala II del tribunal determinaron en forma unánime que las irregularidades existieron y que ese volumen de dinero -más de 11 millones de pesos en efectivo- no podía manejarse por afuera de los canales habituales de la administración.
Pero en lo que hubo diferencias fue en las interpretaciones sobre el rol de los imputados. Mientras que los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que las pruebas eran suficientes para confirmar los procesamientos, el juez Roberto Boico promovió el dictado de al falta de mérito para llevar adelante las pruebas solicitadas por las defensas y esclarecer qué papel tuvieron las autoridades del canal, sostuvo la resolución a la que accedió el sitio Infobae.
La causa investiga lo sucedido entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2021, cuando en el marco de la producción de la ficción televisiva ‘Los amores prohibidos de Belgrano’, se extrajo la suma de 11,4 millones de pesos en efectivo -en concepto de ‘autorización de anticipos de fondos’- de las arcas públicas asignadas a la Sociedad para la cual prestaban funciones. Se trato dos extracciones por 5 millones y una restante por 1,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública.
El propósito, sostuvo la investigación, fue “utilizar el dinero discrecionalmente en beneficio propio y de terceras personas, sin la debida autorización por parte del Directorio de RTA SE, desatendiendo de esta manera la normativa regulatoria que rige dichas actividades, eludiendo los mecanismos de control internos y generando en última instancia un perjuicio patrimonial a la administración pública”.
Los funcionarios se excedieron así de sus funciones y violaron “los deberes que por su condición le correspondían y abusando de la posición que en dicho carácter ostentaba”.
El noviembre pasado, tras una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Luis Rodríguez procesó a un grupo de exfuncionarios y productores de la Televisión Pública por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Allí se procesó a Alejandro De La Torre (director Adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales), Guillermo Siaria (director de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales), Ernesto Molinero (gerente de Producción), Ariel Berliner (subgerente de Gerencia de Producción de la UNC7), Adriana Maestri (proveedora beneficiada por la maniobra) y al tesorero Claudio Lamalta.
En la denuncia original estaba incluida la presidenta del directorio de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, Rosario Lufrano, pero el fiscal determinó que “todo lo actuado con posterioridad por los imputados escapó del control de los integrantes del Directorio, que lejos estuvieron de autorizar las erogaciones cuestionadas”, y no la imputó.