El ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, fue procesado por el juez federal Ariel Lijo quien determinó que el ex funcionario defraudó al Estado nacional por más de un millón de pesos al hacerse liquidar vacaciones no gozadas en el organismo sin tener derecho a su percepción.
El delito que le atribuyó Lijo a Di Cesare al dictar su procesamiento por el cobro de $1.300.826,77 pesos fue el de “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública.
“Di Cesare, en su calidad de Director Ejecutivo, solicitó el pago por las vacaciones no usufructuadas. Él fue quien con el fin de dar con su objetivo, y procurando un lucro indebido, designó intencionalmente a la Gerente de Recursos Humanos, María Alejandrina Arrouzet, para que extendiera un dictamen que avalara su solicitud”, sostuvo el juez en su fallo.
A lo largo del texto, difundido en forma completa por el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado también hizo referencia a las responsabilidades de María Alejandra Arrouzet, gerenta de Recursos Humanos del PAMI, y Carlos Galdo, ex subgerente de Administración de Recursos, quienes autorizaron el pago.
El magistrado puntualizó que la liquidación se efectivizó el mismo día de la presentación del trámite luego de que Arrouzet y Galdo emitieran los dictámenes necesarios para transferir el monto requerido a la cuenta bancaria de Di Cesare.
La denuncia contra el ex titular del PAMI fue realizada por su sucesor en el cargo, Carlos Regazzoni, quien en el comienzo de su gestión encontró el recibo de la liquidación de vacaciones no gozadas en favor de Di Cesare, tramite que se había iniciado y finalizado el 9 de diciembre, un día antes de que dejara el cargo.
El ex titular del PAMI tiene un procesamiento a cuestas por haber invertido 2.800 millones de pesos del PAMI en letras del Tesoro del Estado nacional; en esa causa intervino el juez federal Claudio Bonadio.
Al momento de dictar el procesamiento de los tres imputados, el juez Lijo no sólo tuvo en cuenta el incumplimiento de la normativa laboral, sino un conjunto de irregularidades en el proceso administrativo que demostraron la maniobra llevada a cabo por Di Cesare.
En ese sentido puso como ejemplo la tramitación de la liquidación en un expediente de otra persona que se encontraba archivado, el desdoblamiento de la liquidación para su ocultamiento, la intervención de dependencias que no solían hacerlo, la celeridad del proceso de liquidación ante el cambio de gestión y la efectivización del pago en el término de 24 horas.
En la resolución se sostuvo que perjudicó los intereses de la administración pública, ya que como director ejecutivo, Di Cesare tenía la obligación de velar por la administración y el correcto manejo de los fondos del PAMI, implicando la liquidación que no le correspondía una disposición que redujo el patrimonio del organismo, lo que seguramente redundó en una disminución de la posibilidad de cubrir otras de sus funciones específicas.
El magistrado decretó el procesamiento -sin prisión preventiva- de Di Cesare, en calidad de autor, y los otros dos imputados, en calidad de partícipes necesarios.
