El Congreso de la Nación volvió a ser foco de atención, esta vez por una propuesta que busca regular las interacciones entre sus miembros y evitar conductas inapropiadas en los debates. La diputada nacional Carla Carrizo (Democracia para Siempre) presentó un proyecto de resolución para la creación de una Comisión de Ética y Disciplina, con el objetivo de elaborar recomendaciones y sancionar actos de mal comportamiento en la Cámara de Diputados.
El contexto de la iniciativa se centra en un episodio ocurrido este miércoles, durante un plenario de comisiones, donde una discusión sobre ludopatía infantil derivó en un enfrentamiento verbal entre la diputada Silvana Giudici (Pro), y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La tensión escaló al punto de que Giudici, autora de un despacho de minoría, profirió insultos contra Ferraro, lo que provocó reacciones de sorpresa y murmullo entre los asistentes. La presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, Mónica Frade (CC) debió intervenir e invitó a Giudici a retirarse por su lenguaje inapropiado.
Durante el fuerte cruce, Ferraro acusó a Giudici de ser susceptible a presiones del lobby de la empresa de apuestas online Codere y del empresario Daniel Angelici, lo cual provocó la ira de la diputada del Pro, quien le replicó vehementemente. “¿Cómo me vas a decir eso si me conocés hace más de 20 años? Ególatra”, expresó Giudici. El intercambio subió de tono cuando Ferraro le pidió a Giudici que asumiera responsabilidades, situación que llevó a Frade a intervenir, llamando al orden y calificando el suceso de un “triste espectáculo”.
Este incidente, que no fue aislado según Carrizo, refleja una creciente frecuencia de comportamientos hostiles en los debates legislativos. “Lo que ocurrió ayer en el plenario de cinco comisiones, lamentablemente, no es ya una excepción o un caso aislado, sino que últimamente se ha transformado en una práctica que muestra agresión y violencia verbal en lugar de discusión informada y tolerancia que es lo que la casa de las leyes debería transmitir a la ciudadanía”, declaró la diputada radical.
Los fundamentos del proyecto
El proyecto de resolución, presentado por Carrizo, establece que la comisión funcionaría bajo la órbita de la Comisión de Asuntos Constitucionales y estaría conformada por quince miembros, designados en representación de los diversos bloques parlamentarios. La función principal de este órgano será tratar cuestiones relacionadas con las facultades disciplinarias de la Cámara, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Para garantizar el correcto desarrollo de sus labores, la comisión necesitará la aprobación de la mayoría absoluta de sus integrantes. Las reuniones serán convocadas por el presidente de la Cámara o de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y las decisiones deberán respetar los principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia y proporcionalidad de las sanciones.
“No se representa de cualquier modo porque, en democracia, la autoridad debe poder enseñar. Y no alcanza con ser honesto. Uno puede ser honesto y al mismo tiempo ser violento”, enfatizó Carrizo. En su opinión, es alarmante que a 40 años del retorno de la democracia, el Congreso aún no cuente con un mecanismo de este tipo, mientras que otras democracias ya han implementado comisiones similares para prevenir y sancionar ofensas y malos tratos.
Asimismo, la diputada Carrizo subrayó la necesidad urgente de un espacio que regule el comportamiento y establezca límites claros, permitiendo la presentación de denuncias y el desarrollo de un marco que contemple reglas y sanciones específicas. “Necesitamos urgente un espacio institucional que penalice el mal comportamiento porque hoy no existe esa estructura en la Cámara, y no hay un ámbito donde se puedan canalizar denuncias y fijar reglas, límites y sanciones”, concluyó.
La iniciativa de Carrizo recibió respaldo inmediato de varios legisladores nacionales, entre ellos Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal, quienes firmaron el proyecto. El apoyo busca enfatizar la importancia de adoptar medidas que contribuyan al respeto mutuo y al mantenimiento de un debate parlamentario constructivo.
Asimismo, el proyecto de la radical busca prevenir este tipo de escenas y promover una atmósfera de respeto, en la que prevalezca el debate informado sobre la agresión. En un contexto donde el Poder Legislativo debería ser ejemplo de diálogo y tolerancia, la creación de una comisión de ética podría representar un paso importante hacia la recuperación de esos valores.
