En los últimos años, las agresiones contra el personal de la salud aumentaron. Varias medidas, incluidas la instalación de cámaras y rejas y la presencia de personal de vigilancia extra, permitieron evitar algunos ataques físicos, pero las amenazas y los insultos no ceden.
“La violencia que sufren los profesionales de la salud es habitual, fundamentalmente en las guardias hospitalarias y en las ambulancias. Su vulnerabilidad es alarmante”, argumenta la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM) en un proyecto de ley que acaba de redactar.
El texto propone incorporar al Código Penal un delito: ataques a espacios públicos y privados para la atención de la salud pública. La iniciativa también persigue que la agresión sea un agravante del delito de lesiones, como ocurre con los policías.
En 2010 y 2011, la AMM denunció 100 casos de violencia física cada año. Una línea 0800 entre la entidad y el Ministerio de Seguridad porteño, un paro y un protocolo disminuyeron a 60 las denuncias en 2012 y a 50 al año siguiente. La adaptación de esas medidas a cada hospital redujo a 40 las denuncias en 2014 y 2015. En estos cinco años, la revista de la AMM, Mundo Hospitalario, incluyó 28 artículos sobre violencia.
En el Piñero, los insultos y las amenazas son cotidianos. “Uno no termina de acostumbrarse. Antes, era venir al hospital a pedir ayuda y agradecer. Ahora, es para exigir y reaccionar mal”, dijo Cosme Pagano, director del hospital de Flores.
El presidente de la AMM, Jorge Gilardi, dijo que lo que comenzó hace algunos años en hospitales como Piñero, Penna, Santojanni y Argerich, además de algunos centros de atención primaria de la zona sur, se generalizó hasta afectar no sólo al personal de la salud. En una sala del primer piso de la entidad, con el proyecto de ley terminado, explicó que hubo “un enlentecimiento en el sistema de atención” de los pacientes.
“Cuando un equipo va a vacunar a un barrio carenciado y lo asaltan, cuando una ambulancia demora media hora porque debe esperar un móvil policial, cuando en pleno centro le pegan un palazo en la cabeza al profesional que baja de la ambulancia se deteriora la asistencia pública -dijo-. Esto lleva a la medicina defensiva”.
Vadim Mischanchuk, abogado de la AMM, coordinó la redacción del proyecto que propone que la pena de prisión del artículo 188 del Código Penal, en su capítulo sobre los delitos contra la seguridad pública, alcance también a “quien ataque hospitales, sanatorios o cualquier otro centro de salud, ya sea al dañar instalaciones, impedir el funcionamiento normal o poner en peligro la integridad de quienes estén en el lugar”. El texto también plantea que agredir a profesionales de la salud “en cumplimiento de sus funciones” sea un agravante del delito de lesiones.
“La sanción tiene una finalidad, además de disuadir que se repita una conducta: que la gente sepa que entrar a un hospital y cometer un hecho vandálico no es gratuito. Como sabe que no puede entrar a un banco a robar, tampoco puede ingresar a un hospital a hacer lo que quiera. No porque sólo afecta la moral y la psiquis del personal, sino también porque altera el normal funcionamiento de la atención”, indicó Mischanchuk.
Tareas comunitarias, multas, reparar daños y disculpas públicas por acta fueron las sanciones que ya recibieron algunos de los agresores. “La salud pública es una política de Estado. Si una ambulancia en el conurbano no puede salir de noche a asistir a un paciente, es un argentino privado de recibir atención”, finalizó Gilardi, presidente de la AMM.
