La diputada porteña del Frente para la Victoria (Frente para la Victoria), María Rosa Muiños, presentó este jueves un proyecto de ley para que la Legislatura acepte la transferencia de competencias penales a la Ciudad.
La propuesta apunta a que el Poder Judicial local investigue y juzgue 27 delitos y contravenciones cometidos dentro de la Ciudad, entre los que se destacan la comercialización y el suministro de drogas, los actos de corrupción y de discriminación.
La autora del proyecto explicó que “si se aprueba este proyecto de ley, los 31 jueces y 40 fiscales que conforman la Justicia penal local investigarán, por ejemplo, a los inspectores que habilitan lugares que no reúnen las condiciones de seguridad mínimas; o a los funcionarios imputados por malversación de caudales públicos que provocan la pérdida de recursos cuyo destino podría ser la construcción de viviendas, hospitales o escuelas. Es lógico que sean nuestros jueces y magistrados los que investiguen y juzguen estas conductas”.
La iniciativa propone que la transferencia de competencias se realice en tres etapas, “de acuerdo al nivel de complejidad de las mismas para adecuar los cuerpos investigativos”. Según el texto, se transferirían de forma inmediata, una vez promulgada la ley, los delitos contra la administración pública ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad, cuando sean cometidos por sus funcionarios públicos, o contra ellos, y que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que se tramite ante los tribunales locales.
A esta primera etapa, se suman “la tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional; la violación de domicilio; la penalización de actos discriminatorios; los delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos; e incendio y otros estragos siempre que el hecho sea cometido por un funcionario público o agente de la autoridad de la CABA”, enumeró Muiños.
Además, detalló que “a los nueve meses de aprobada la norma, se realizará el traspaso de los delitos contra la fe pública, los delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual; delitos contra la libertad de trabajo y asociación; estafa procesal y estafa; y delitos contra la seguridad del tránsito y del transporte. Finalmente, a los dieciocho meses de entrada en vigencia de la ley, se transferirán delitos como lesiones, estupefacientes y suministro infiel de medicamentos”.
