La legisladora del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Rebeca Fleitas, presentó un proyecto que propone la creación de un Servicio Penitenciario propio para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su posible régimen jurídico, a los efectos de resolver algunos de los problemas centrales relacionados con la seguridad de los habitantes de la Ciudad.
Según la legisladora, “si bien la Ciudad cuenta con su propia legislación, todavía no resuelve la situación emergente de las personas privadas de su libertad para su alojamiento transitorio y permanente, ya que estos —del tipo alcaidías—, no cumplen con las medidas de seguridad penitenciarias suficientes para garantizar la seguridad de la población y el bienestar de las personas privadas de su libertad”.
“Cabe recordar las reiteradas fugas de presos dadas en la Ciudad, donde los medios de comunicación mostraron la poca o nula capacidad de mantener y vigilar a los reclusos. Entonces nos encontramos con comisarías cuidando presos, donde los policías no fueron entrenados para eso”, agregó Fleitas.
El proyecto de ley habilita asimismo la creación de cárceles de instancia privada, a los efectos de enfrentar el problema procurando que el sistema resulte autosustentable y no depende exclusivamente de los recursos provenientes de una mayoría de ciudadanos que no incurren en conductas delictivas ni se hallen en las instancias de detención mencionadas.
Además, esto permitiría descomprimir las veintiún (21) alcaidías, los trece (13) anexos, los centros contraventores y los alojamientos transitorios de las cincuenta y cuatro (54) comisarías en la Ciudad, que deriva en una indiscriminada sobrepoblación de personas privadas de su libertad, duplicando o triplicando su capacidad máxima, todo lo cual favorece no solo a la seguridad de los porteños sino también a la de los habitantes del AMBA en su conjunto.
De esta manera, el proyecto realiza un primer aporte significativo a los efectos de la creación de un servicio penitenciario porteño moderno, seguro y que habilita la gestión privada, con el debido reconocimiento de los derechos y garantías que establece nuestro orden jurídico.
