Para evitar cortes al tránsito cuando se realicen manifestaciones, el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Sergio Abrevaya presentó un proyecto de ley que propone dejar al menos un carril para que pasen los colectivos.
El exlegislador y dirigente de UNEN giró la iniciativa a la Legislatura. En ella apunta a modificar el artículo N° 78 del Código de Contravenciones. Allí plantea mantener esta situación pero siempre que quienes estén protestando “garanticen la libre circulación en dos carriles inmediatos a la derecha en avenidas, corredores del Sistema de Metrobús, carriles y contracarriles exclusivos y en un carril en las demás vías públicas para su utilización por el transporte público de pasajeros, las ambulancias, las autobombas y los vehículos de las fuerzas policiales y de seguridad”. Para ello, quienes organicen la protesta deberán avisar con anticipación a la autoridad, un requisito que ya existe pero que nunca se respeta.
Por otra parte, el legislador José Luis Acevedo (Pro) también presentó el año pasado un proyecto en ese sentido. La iniciativa también propone modificar ese artículo del Código Contravencional. El texto propone que quien obstruya, impida u obstaculice la circulación de vehículos de transporte público de pasajeros y servicios de emergencia de cualquier índole que utilizan la traza del Metrobús, sea sancionado con seis (6) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o multa de mil ($1000) a cinco mil ($5000) pesos.
En cuanto a las protestas sociales, señala: “El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.”
Actualmente la norma plantea sanciones de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de $ 200 a $ 1.000 para quienes obstaculicen la circulación en la vía pública. Pero aclara que ese castigo no corresponde si se trata de un “ejercicio regular de los derechos constitucionales”, como el derecho a la protesta o a peticionar a las autoridades.
Según un informe de la consultora Diagnóstico Político, durante 2013 en la Ciudad hubo casi cuatro piquetes por día hábil. A diferencia de años anteriores, quienes más cortaron las calles fueron los propios vecinos, especialmente a fin de año, en parte para protestar cuando se quedaban sin luz y también cuando hubo temor a saqueos.
En relación con este punto, el macrismo intentó prohibir que en las manifestaciones pudiera haber gente con la cara tapada y con palos o elementos de intimidación, pero el proyecto quedó en la nada porque no lo acompañó la oposición.
