El presidente del bloque liberal Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó un proyecto de ley que buscará crear el “Programa de Inspección Polivalente” para implementar el modelo de fiscalización coyuntural de la actividad comercial de CABA. Las diputadas porteñas Graciela Ocaña, Silvia Imas y Patricia Glize son cofirmantes.
La autoridad de aplicación de este será la “Agencia Gubernamental de Control”, la que tendrá la responsabilidad de realizar la mayoría de los controles de la actividad comercial, incluyendo fiscalización de la ley de publicidad exterior y actividades desarrolladas en espacios públicos, entre otras. Sólo quedarían fuera de este régimen las inspecciones por temas tributarios y laborales, áreas que por su sensibilidad pueden requerir visitas sorpresivas.
Cabe señalar que en virtud del marco normativo vigente, la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: la Subsecretaría de Control de Higiene Urbana, la Dirección General de Fiscalización Urbana, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia Gubernamental de Control. Asimismo, la fiscalización de la actividad comercial es llevada a cabo por diferentes organismos e involucra a más de cinco (5) inspectores, que ingresan a un mismo local para controlar en diferentes momentos. Esto derivan en más tiempo y trabajo de los comerciantes en controles e inspecciones.
“El proyecto implica el reemplazo de la fiscalización de tipo estructural vigente por una fiscalización de tipo coyuntural, cuyo foco estaría puesto en la detección de faltas furtivas y su subsanación. Este cambio de paradigma no solo implicaría un ahorro significativo de recursos a corto plazo, sino que además su implementación demandaría costos triviales, ya que no exige un cambio estructural, sino sólo un cambio de diseño. Pero como contrapartida, nos ahorraríamos miles de inspecciones duplicadas”, destacó Santoro.
Agregó que “en este marco, la fiscalización de buena parte de la actividad comercial sería realizada por una única figura, el inspector polivalente, quien estaría facultado para controlar la documentación, las posibles faltas y su corrección, evitando la duplicidad de inspecciones a la misma entidad inspeccionable”, explicó. Además, el proyecto prevé que los organismos gubernamentales, salvo trabajo y AGIP, avisen al titular de la actividad comercial no menos de 30 días hábiles que será visitado y sobre qué versará la inspección.
“El proceder actual y la distribución de funciones y facultades, conlleva un evidente despilfarro de recursos públicos en claro perjuicio de los contribuyentes. Por ello, centramos nuestro interés en modernizar el procedimiento de fiscalización de la actividad comercial”, finalizó el legislador.
