Sumado al amparo que presentará el legislador Alejandro Bodart, este lunes el diputado Maximiliano Ferraro (CC ARI) dará a conocer un proyecto de ley que establece una eximición especial y única del pago del impuesto inmobiliario ABL durante el primer semestre de 2014. Regiría para vecinos afectados por cortes de energía eléctrica.
El legislador le solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires “que arbitre los instrumentos necesarios para que este proyecto pueda tratarse en los próximos días, y dar de esta manera una pronta solución a los vecinos afectados”.
La iniciativa también establece “un descuento especial y único en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en los meses de diciembre 2013 y enero y febrero 2014 a aquellos comercios y/o actividades afectados por los cortes de energía” y que ese descuento tendrá que se “determina mediante la presentación de una declaración jurada de los daños materiales surgidos de los cortes de energía, mas una suma fija de $ 1000 por cada día que dicho comercio fue imposibilitado de desarrollar con normalidad sus actividades”.
Además plantea instruir al Ente Regulador de Servicios Públicos y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires “a brindar asistencia ante los reclamos judiciales que los/as vecinos afectados realicen contra las empresas distribuidoras de energía y/o contra el Estado Nacional e interponer acción de responsabilidad y reparación de daños y perjuicios contra las empresas distribuidoras de energía eléctrica”.
Y pidió la autorizaron para otorgar a la jurisdicción de ministerio de Desarrollo Social un crédito presupuestario de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) a fin de ser asignado a “Transferencias”, para prestar asistencia directa a las personas que, a causa de la catástrofe energética y mientras ésta se mantenga, se encuentren en situación de extrema necesidad, mediante ayuda alimentaria, provisión de agua, medicamentos, subsidios directos y cualquier otro elemento para atender las necesidades de las personas afectadas.
El legislador explicó: “Asumimos esta función pese a que la responsabilidad directa de los hechos es ajena al Gobierno de la Ciudad, ya que las empresas concesionarias se encuentran dentro de la órbita del Gobierno Nacional, pero creemos que es imperiosa la necesidad de proteger a los/a vecinos que se sienten abandonados ante esta situación de emergencia”.
