Hace tiempo que las veredas de Once dejan escasos centímetros a los pies, sobre todo laborales, que pretenden transitarlas desde temprano. Desde su nacimiento hasta la esquina de Sarmiento, la avenida Pueyrredón –que aloja la estación cabecera del tren Sarmiento, que circula hacia el oeste, hasta Moreno– araña Corrientes y amenaza con alcanzarla con cientos de puestos en donde se comercializan de manera ilegal zapatillas, CD, DVD, pilas, ropa deportiva, utensilios para el hogar y el merchandising de turno. Hasta los desalojos de esta semana, salían mucho los productos de Violetta y Justin Bieber.
Hace tiempo, también, que el Gobierno de la Ciudad tiene la firme intención de despejar la zona, como sucedió –a medias– con la peatonal Florida, el Parque Centenario y las terminales de Retiro y Constitución. En ese sentido, Once no podía quedar afuera.
Así las cosas, el domingo a la madrugada, antes de que la Ciudad entrara en su furia cotidiana, tras un tímido operativo llevado a cabo a mediados de la semana anterior, inspectores del Gobierno porteño junto a la Policía Metropolitana, en una maniobra encabezada por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzon, con una orden de la Fiscalía de turno en la mano, decomisaron 655 bolsones de mercadería ilegal que se vendía en las calles de Once, no solo sobre Pueyrredón, sino también en sus calles laterales, como Bartolomé Mitre, en donde está una de las entradas a la estación Once de Septiembre, y sobre Rivadavia y Perón.
La venta ilegal en la vía pública, entiende la Justicia, es solo la punta del iceberg de un problema mayor: la existencia de una mafia que opera por medio de la falsificación de documentos, prestación de nombres, porque muchos de los puesteros son de origen boliviano y peruano y otros provienen de África, por ejemplo de Senegal. También existe trabajo esclavo, evasión impositiva, extorsión y, claramente, la falsificación de marcas como Nike y Adidas, que se vendían como pan caliente por la zona.
En total se levantaron 30 puestos ubicados sobre Pueyrredón, entre Bartolomé Mitre y Perón, y también sobre Rivadavia, entre Pueyrredón y Castelli. A su vez, una de las pocas personas que se resistió al desalojo fue demorada por prender fuego un cesto de basura e intentar agredir al personal policial. Sea como sea, no puede escapar a la vista del observador más distraído la logística empeñada en, por caso, la alimentación de los puesteros. Hasta los desalojos, estos comían rápido de idénticas viandas que les llegaban rigurosamente a determinadas horas, por tandas. Primero comían los de una cuadra, luego los de otra, y así. Comían y permanecían incólumes en sus lugares. Incólumes. Todo el día. Y muchos aún en la noche.
En lo que va del año, el Ministerio Público Fiscal ya realizó 35 allanamientos en algunos locales que funcionan como depósitos o cuya actividad no encuadra en el rubro para el cual fueron habilitados, incluso en algunos de esos casos se dio intervención a la Justicia federal. Según la Fiscalía porteña, muchos comerciantes de Once actuaban en connivencia con los puesteros, a los que les cobrarían entre 250 y 550 pesos por mes para que puedan guardar la mercadería en sus locales, que hacían las veces de depósitos y centros de distribución cuando terminaban la jornada.
Tal es el ejemplo de una agencia de lotería, que guardaba comida para su posterior venta. Pero esto, hasta ahora, es solo una hipótesis. Es que, según la fiscal porteña Verónica Guagnino, todavía faltan pruebas que demuestren ese accionar.
No obstante, operativos previos para desalojar a los puesteros terminaron en agresiones físicas a los inspectores, por lo que la Ciudad notificó a la Policía Federal para que vigilara las calles, que fueron liberadas.
Es que se sospecha que sin una custodia permanente, las veredas de la zona volverán a ser ocupadas. Ese es el miedo de vecinos y comerciantes.
“Yo vendo lencería y se me va demasiado entre el alquiler, el pago a los empleados y los impuestos. No digo que los echen como a perros. Que les den un lugar para trabajar que esté regulado, pero así no se puede. Es competencia desleal”, se quejó Ana María, dueña de un local de ropa interior sobre Pueyrredón al 100.
Marisa, una vecina de Sarmiento al 2500, quien paseaba a su perro mientras los puesteros, al cierre de esta edición, realizaban una protesta en Corrientes entre Paso y Larrea [ver “La protesta”], dijo, con el ceño bien fruncido: “Estoy harta de vivir acá. Por Once
no se puede andar, ya no hay veredas. Hace poco una mujer se quebró el tobillo por correr el colectivo por la calle, esquivando los puestos. Además es mucha la mugre. No se puede más”.
Pero el lunes el conflicto, siempre latente, volvió: regresaron los puesteros. La Policía Metropolitana cercó nuevamente nuevo allanamiento. Ese día se decomisaron y levantaron cinco kioscos de diarios y revistas –con pocos diarios y revistas– que supuestamente funcionaban como depósitos de mercaderías clandestinas en la recova de Pueyrredón, entre Rivadavia y Mitre.
De acuerdo a la Justicia, se trataba, una vez más, de fachadas, una puesta en escena que encubría depósitos de mercaderías ilegales y en donde, asimismo, se vendían productos no habilitados, como ropa o DVD truchos. “Algunos de estos presuntos kioscos de diarios tenían apenas cinco diarios. En el procedimiento, que se realizó junto con la Policía Metropolitana y los inspectores de
Ambiente y Espacio Público, no hubo ningún detenido. En dos de los cinco sitios no había ningún responsable que respondiera. Pero igual nos llevamos todas las estructuras”, dijo la fiscal Guagnino. Además, el allanamiento se extendió hasta una vivienda de Sarmiento 2835, de seis habitaciones, donde residían familias con chicos y también funcionaba como depósito de mercaderías.
Allí, a las 8.30, bajo una lluvia torrencial, la policía encontró varios pasaportes, celulares, notebooks y un televisor de 48 pulgadas. En una de las habitaciones, a su vez, se fraccionaban alimentos para la venta. “Esta mercadería es nuestra. La usamos para vivir. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No pueden hacernos esto de la nada”, gritaba una mujer, desbordaba en llanto. A su vez, Noticias Urbanas se comunicó con algunos puesteros. Con el detalle del resguardo de su identidad, coincidieron en exponer que la venta en la calle es su único medio de vida. Y que la van a pelear.
El Gobierno
“Lo que está pasando en el Once es una recuperación del espacio público para luego realizar una recuperación urbanística. Estamos trabajando con la Policía Metropolitana. Retiramos cuatro puestos de diarios que en realidad no contenían diarios sino mercadería para la venta. Hemos completado treinta camiones de mercadería, que no es de marca sino imitación. En Once hay lugares donde se acopia mercadería. Es un lugar de acopio y distribución. Hoy [por el martes] la Policía Metropolitana ha actuado en uno de estos depósitos”, declaró, a propósito de la problemática, el ministro de Ambiente y Espacio público, Edgardo Cenzon.
“Nuestra idea es recuperar el espacio del Once, ordenar la carga y descarga y recuperar la recova. Previamente tenemos que hacer este tipo de trabajo”, refirió el ministro con respecto al futuro de los puesteros. “Esto no concluye esta semana. En Once hay una organización. El problema allí es muy distinto al que hay en otros lugares, con otra logística, con depósitos en el lugar. Esto lo iremos desarmando de a poco. No hay otra opción que recuperar esa zona.”
En el mismo sentido se expresó el subsecretario de Uso del Espacio Público, Patricio Di Stéfano. “Detrás de la venta ilegal operan organizaciones que manejan muchísimo dinero, que están controladas por muy pocos dueños y que se manejan fuera de la ley, como verdaderas mafias para lucrar en el espacio público”.
La palabra de Fecoba
La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), entidad adherida a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), se manifestó en favor de las acciones que están llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad y la Policía Metropolitana para desalojar a los “manteros” del barrio de Once y las medidas adoptadas por la fiscal Verónica Guagnino, quien ordenó allanamientos e investiga el modus operandi de la venta ilegal.
“Coincidimos firmemente en los operativos realizados y la confiscación de la mercadería, ya que detrás de los manteros hay organizaciones mafiosas que ocupan ilegalmente el espacio público y no pagan ningún tipo de impuesto”, señaló Vicente Lourenzo, vicepresidente de Fecoba, que además consideró que “la mercadería pirateada o de dudosa procedencia genera trabajo esclavo y competencia desleal, destruyendo al comercio formal. Tenemos que terminar con esto”. Por otra parte, el dirigente solicitó la continuidad de la presencia policial en la zona. “Instamos al Gobierno a que por favor permanezcan en el lugar, ya que luego de que se retiran los efectivos, los manteros regresan.”
Según los relevamientos de la entidad, en diciembre de 2013 se registraron 344 puestos ilegales en el barrio de Once, que encabeza, junto a Liniers y la avenida Avellaneda, el ranking de la ilegalidad en la Ciudad de Buenos Aires, que concentra más de 2.500 manteros distribuidos en los principales centros comerciales. En la mañana del lunes, asociaciones de comerciantes se manifestaron frente a la estación de Once y en Rivadavia y Pueyrredón a favor de las medidas de desalojo ordenadas por la fiscal Verónica Guagnino, la Policía Metropolitana y el Gobierno porteño, pero pidieron que los inspectores permanezcan en el lugar en forma permanente,
como lo hacen en la calle Florida, a los efectos de lograr la erradicación definitiva, ya que luego de los operativos los manteros regresan al lugar a instalarse.
Participaron de la manifestación el presidente de la Junta Comunal 3, Christian Etchezuri; Arturo Stábile y Fabián Castillo, de Fecoba; Marcelo Plecel, vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales (Cadmira); Carlos Patané, presidente de la
Unión de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Turismo de La Boca, y referentes de los centros comerciales de Floresta, Villa Real y Versalles.
