La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña rechazó el reclamo del casero de un registro civil despedido por colocar una cámara, sin autorización, en un baño de mujeres, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.
El casero, quien trabajaba para el Gobierno de la Ciudad desde 2010, fue sometido a un sumario administrativo interno y despedido con causa, es decir sin derecho a indemnización, a raíz del episodio sucedido en el edificio de la calle Uruguay al 700, en la zona de tribunales.
“Para así decidir, tuvo en cuenta que las cámaras oficiales de seguridad mostraron que el actor ingresó al baño el día 15/06/2015 vistiendo camisa clara, pantalón oscuro y zapatos de vestir y que la cámara ubicada dentro del baño mostró que la persona vestida de la misma manera que la que mostraban las cámaras de seguridad fue la que manipuló el dispositivo fílmico antirreglamentario”, justificó la resolución.
El casero objetó la validez de las pruebas, incluso las declaraciones de los testigos que lo inculparon, y negó haber sido él quien colocó la cámara antirreglamentariamente y sin autorización.
En consecuencia, pidió su restitución laboral y una serie de indemnizaciones y resarcimientos económicos por la situación padecida.
Pero los jueces de la Sala Primera de la Cámara Mariana Díaz y Fabiana Schafrik de Núñez rechazaron el pedido de reinstalación en el puesto mediante una medida cautelar, aunque dejaron abierta la posibilidad de rever esa medida después de un análisis más riguroso a lo largo de la causa judicial.
“El estudio de los recaudos necesarios, a fin de acceder a la medida solicitada por el actor, exigiría -entre otras cosas- un ámbito de mayor debate y prueba”, dijeron los jueces.
“En este estado inicial del proceso, caracterizado por el acotado margen de análisis, no resulta posible considerar reunidos los recaudos que harían procedente la tutela cautelar solicitada”, resumieron.
El actual director del registro, Mariano Cordeiro, contó que la cámara había sido colocada en el sexto piso del inmueble, lo cual fue descubierto en junio del año pasado y las autoridades de entonces pusieron en conocimiento del tema a la Procuración de la Ciudad.
“Las intenciones que perseguía con el hecho de poner la cámara y demás, las desconocemos, pero difícilmente puedan ser acreditadas”, indicó el funcionario.
En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), aseguró que esto “afectaba el derecho de intimidad de otras personas” y expresó que “la sanción es el resultado de un sumario donde el (sospechoso) pudo ejercer su derecho de defensa”.