Los anuncios realizados por Mauricio Macri y el ministro Nicolás Dujovne tienen diferentes dimensiones y afectan a distintos sectores de la economía. Como principal anuncio, el Presidente ratificó uno de los rumores que corrían durante el fin de semana: la reducción en la cantidad de ministerios.
El efecto fundamental de esta reducción es bajar el gasto público. La existencia de 21 ministerios no solo era absolutamente contradictoria con un buen manejo de la gestión pública, sino que, adicionalmente, el costo de la ineficiencia lo pagaban los contribuyentes.
Cada ministerio significa ingentes gastos de salarios de ministros, directores, subdirectores, secretarios y asesores. En muchos casos, esta abundancia de “sueldos” termina financiando la política y no coadyuvan ni a un mejor control de las cuentas públicas ni a una mayor eficiencia en el gasto.
Si revisamos el presupuesto y observamos las partidas asignadas a algunos ministerios, nos llevan casi intuitivamente a considerarlos lo que funcionalmente son: secretarías.
La técnica administrativa nos indica que el administrador, en este caso el Presidente de la Nación, al momento de desarrollar su estrategia de gobierno debe, a continuación, definir su estructura de apoyo. El alcance del control efectivo y eficiente tiene su máximo en diez ministerios.
Con mayor concentración del poder (menos ministerios) existe mayor control central. Por el contrario, una mayor descentralización implica mayores problemas de alineamiento y de coordinación. Esto último fue harto evidente en materia económica.
El efecto concreto de esta medida es político y económico. Políticamente hablando, se mostraría mayor cohesión en las decisiones y en el control de gestión. En la faz económica, ayuda a reducir el gasto público, y por ende, el déficit fiscal.
Por su parte el ministro centró su anuncio en un plan de déficit cero para el próximo año.
En el cuadro presentado, el ministro mostró que el déficit estimado para el año corriente en puntos del PBI seria de 2,7%, con un estimado de 0% para 2019 y, al fin, un superávit del 1% para 2020.
La única forma de mejorar el gasto primario (que es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes) es aumentar la recaudación de impuestos (o aumentar los mismos sobre la misma base de contribuyentes), bajar el gasto, y/o una combinación de ambas.
Los 2,6% de déficit medidos sobre el PBI serán soportados por una política mixta de incremento en la recaudación del 1,3% y un guarismo similar en la reducción de gastos.
El aumento en la recaudación se hará mediante derechos de exportación de 4 y 34 pesos para los productos primarios y servicios y para el resto de las exportaciones, respectivamente.
La novedad de esta medida es la generalización de este derecho de exportación, que ahora alcanzaría a todos los exportadores.
Esta medida tiene, como mínimo, dos críticas. Una es que si el derecho está definido en términos nominales, a los exportadores les convendría el aumento del dólar para compensar el derecho. Es decir que si el tipo de cambio nominal crece, por ejemplo, a la par de la inflación, el impuesto se vería afectado al no poder mantener su incidencia. El segundo efecto es que afectaría a sectores que están en crecimiento, como, por ejemplo, las empresas tecnológicas que quieran salir al mundo. Gran parte de la salida del país debería estar centrada en exportaciones, y con derechos de exportación este anhelo se ve desincentivado.
Por el lado de la reducción de gastos, los mismos están centrados en la reducción de los subsidios económicos, gastos de capital y otros gastos corrientes. La mayor contribución la hacen los subsidios. No se habló mucho de los mismos, pero sin dudas significará un impacto o en transporte o en servicios tarifados esenciales (luz, gas y agua).
El reconocimiento del Presidente en cuanto a que aumentaría la cantidad de pobres se ve claramente expuesto por esta vía.
En ningún caso se comentaron políticas de propensión al trabajo en blanco ni la reducción de la evasión fiscal, normas ambas que darían mayor respiro a una clase media trabajadora que sufre la presión tributaria, a la vez que ve reducidos aún más los pobres servicios públicos generados por el Gobierno nacional.
Como suele ocurrir, habrá que esperar la instrumentación de las medidas, que suelen cambiar entre el momento de la presentación y el momento de su efectiva aplicación.
Por último, el anuncio ministerial se refirió al tema financiero, comentando el acuerdo con el FMI. La necesidad de financiamiento de la Argentina está en el orden de los 28,3 mil millones de dólares, los cuales serán financiados en partes casi iguales entre el FMI y financiamiento privado (11,7 y 12 mil millones de dólares, respectivamente) y 4,6 mil millones de dólares por organismos multilaterales internacionales.
Esta medida ayudaría a desactivar las altísimas tasas de interés que pone como piso el Gobierno nacional mediante el pago de Letes, afectando seriamente la posibilidad de obtener crédito a tasas razonables a las empresas e individuos.
En resumen: el paquete de medidas está basado en mayor ingreso (retención generalizada a las exportaciones), rebaja del gasto público (principalmente, reducción de subsidios) y mejora en la posición financiera mediante endeudamiento vía FMI y colocaciones privadas.
Si bien estas medidas podrían mejorar la imagen del Gobierno, al intentar nivelar las cuentas públicas y reestructurar el gabinete, prima facie parecerían incompletas ante los grandes problemas que nos aquejan: reducción drástica de la inflación y evasión fiscal, reforma tributaria integral y menos regresiva, eficientizar el gasto público tendiente a generar mayor productividad y puestos de trabajo.
Es de esperar que estas medidas solo sean un inicio para la transformación que todos los argentinos merecemos.