Marcelo Villegas, fue el exministro de Trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y el que pronunció la frase: “Si yo pudiera tener una Gestapo, lo haría”. Fue en una reunión con empresarios donde confirma ante sus interlocutores la voluntad política de armar causas para perseguir a adversarios.
Así quedó expuesto en un video que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), presentó este lunes ante en la Justicia de la ciudad de La Plata para que se investiguen los hechos.
La presentación quedó a cargo de Cristina Caamaño, titular de la AFI, que fue acompañada del video que se descubrió el 23 de diciembre mientras se realizaban “tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”, donde quedaron registradas imágenes de una reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en una de las oficinas del Banco Provincia.
La Justicia Federal de La Plata, en el juzgado número 3, a cargo de Ernesto Kreplak, ya recibió la denuncia y tiene previsto iniciar las primeras diligencias.
En el video se puede ver a varios funcionarios del gobierno provincial de Cambiemos. Al frente de ese encuentro que fue grabado estuvo el ex ministro Villegas. Y también participaron, según la denuncia, Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia provincial; Marcelo Jaworski, director general de COPETRO (Consorcio de Gestión Puerto La Plata); Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, el senador provincial Juan Manuel Allan, el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y varios empresarios del rubro de la construcción, como los directivos de la UIA del Gran La Plata, de la cámara empresaria de desarrolladores urbanos y de la asociación de pymes locales.
En un tramo de la filmación se escucha a Villegas decir que “…hemos tomado la decisión como gobierno, cuando digo como gobierno nacional y municipal en este caso, de resolver, comenzar a resolver de forma definitiva, la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA seccional La Plata”.
Y agrega: “El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista… Más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabrejas… Se impulsa con los testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones. Con eso, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas”.
Y destaca: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás. En segundo lugar, tenemos que hacer que esas declaraciones individuales lleguen. Tenemos que hacer que la Fiscalía, entre las muchas líneas (inaudible), una que es que prácticamente desapercibida que lo oficien al Ministerio de Trabajo para saber yo que sé de todo esto y que información tengo ahí es donde vale las notas de ustedes”.
Varios empresarios de la construcción habían denunciado que las metodologías utilizadas por Medina les provocaban miedos y que realizar obras en la ciudad de La Plata, tenían un costo superior que en otros partidos del sur del Gran Buenos Aires por los métodos de presión que ejercían desde la UOCRA.
Medina fue detenido tres meses después por el juez Luis Armella, de Quilmes. Se lo acusó de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión. Lo liberaron en febrero de este 2021 aunque se le prohibió salir del país y volver a la actividad gremial. También el exsecretario general de la UOCRA en La Plata debe presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a su domicilio para dar cuenta de sus actividades.