La legisladora del Frente de Todos (FdT) , Claudia Neira, presentó un proyecto de ley para garantizar la protección de los derechos de usuarios y consumidores considerados “hipervulnerables”. La iniciativa tiene como precedente una resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que prevé que el Estado intervenga en las situaciones de desigualdad y privación de derechos en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, y propone mecanismos para que obtengan un tratamiento especial dadas las dificultades que encuentran para ejercer sus derechos de manera plena frente una relación de consumo.
“Los conflictos entre proveedores y consumidores aumentaron y se complejizaron en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid, ya que gran parte de ellos se producen con empresas de rubros centrales para el cumplimiento de las medidas de aislamiento social”, detalló Neira.
“Es fundamental que el Estado brinde respuesta a la situación desigual e injusta en la que actualmente se encuentran miles de usuarios. Toda relación de consumo conlleva un desequilibrio entre proveedor y consumidor, pero en el caso de los ciudadanos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad ese desequilibrio es mayor, por lo que debemos ahondar aún más en la protección de sus derechos”, expresó la autora del proyecto.
La iniciativa propone diferentes medidas para profundizar la protección de los derechos de consumidores y usuarios, trabajar en la prevención de posibles conflictos, garantizar una educación para el consumo, difundir y estudiar las estadísticas necesarias para la elaboración de políticas públicas, brindando una especial atención desde el Estado a los casos que sufren de una mayor vulnerabilidad en las relaciones de consumo, dado que revisten particularidades no atendidas en la legislación actual.
En el proyecto, la legisladora señala además los datos sobre el aumento de la desigualdad en el acceso a herramientas para la continuidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. “Las empresas de telefonía y TICS están al tope de las denuncias por el mal servicio que brindan en el ámbito de la Ciudad. Esta situación repercute con mayor gravedad en los sectores populares, que tienen peores condiciones para realizar denuncias y reclamos”, señaló Neira.
En ese sentido, celebró la decisión del Gobierno nacional de regular y declarar como servicio público a las telecomunicaciones y las TICS. “Es una decisión importante para poder sostener herramientas que defiendan a los más vulnerables y permitan un desarrollo dinámico de las empresas que los brindan”, concluyó la legisladora del Frente de Todos.
