Esta semana, en la charla de contratapa, Ramiro Álvarez Ugarte (34), director en el área de Acceso a la Información en la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), analiza los límites entre lo público y lo privado, evalúa avances y retrocesos en el plano de los derechos civiles y reactiva el debate por una ley de acceso a la información pública, tal como tiene la mayoría de los países del mundo.
–La Argentina está en el reducido grupo de países de América latina que todavía no cuentan con una ley de acceso a la información. ¿Por qué no la tiene aún y por qué sería importante lograrla?
–Sería importante contar con una, ya que sobre ella se debería construir una política seria de transparencia y rendición de cuentas para evitar el personalismo, la corrupción y la mentira en las políticas públicas. No la tenemos porque no hemos sabido –desde las organizaciones que trabajamos estos temas– impulsar el tema en el Congreso. La oposición del Gobierno nacional a una ley de acceso a la información explica en parte por qué nunca hemos podido reunir los votos suficientes, pero también hay otras razones. Por ejemplo, la poca presencia del tema en los medios de comunicación.
–¿Qué información está obligado a brindar un político por el hecho de ejercer un cargo y cuál es el límite de su privacidad?
–Todas las personas tienen derecho a la privacidad, incluso, obviamente, los funcionarios públicos. Sin embargo, se considera que ellos tienen que tener una mayor tolerancia a la crítica y que, además, serán sometidos a un escrutinio mayor por parte del resto de los ciudadanos por la tarea pública que desarrollan. Entonces, ciertas cuestiones vinculadas a su vida privada pueden ser objeto de coberturas periodísticas legítimas: viajes, hábitos de consumo, bienes, etcétera. Pero si bien ese tipo de cobertura es legítima, no es posible acceder a esa información por medios ilícitos, como por ejemplo violando la privacidad del domicilio, de sus papeles privados o de las comunicaciones.
–¿Cómo evalúa a la Ciudad de Buenos Aires en términos de derechos civiles?
–Como en todo el país, hay muchas falencias en materia de derechos humanos vinculadas a las condiciones estructurales de desigualdad que sufre nuestro país y a la debilidad de las instituciones democráticas para ofrecer soluciones de fondo a esos problemas. En consecuencia, algunos problemas saltan a la vista, como son los vinculados a la pobreza y a la vivienda, que se ven especialmente en los asentamientos precarios que desde años existen en la Ciudad. Esos son algunos de los problemas más graves. Sin hacer un juicio genérico sobre la situación en la Ciudad –cosa que es imposible–, sí señalaría tres cuestiones en las que desde la ADC hemos visto problemas en los últimos años. En materia de derechos sexuales y reproductivos, el Gobierno de la Ciudad ha obstaculizado la plena aplicación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL [NdR: Se refiere al alcance de los abortos no punibles]. Es un problema serio, que puede comprometer la responsabilidad internacional del país ante organismos internacionales. En materia de publicidad oficial, el Poder Ejecutivo vetó hace unos años una regulación que podría haber sido una de las primeras legislaciones en su tipo en América latina. El reparto de la publicidad continúa, entonces, siendo excesivamente discrecional, con el riesgo que ello conlleva para la libertad de expresión de medios y periodistas. Y en este tema también hemos encontrado algunos problemas en materia de acceso a la información, que nos han obligado a llevar ciertos reclamos ante la Justicia. La Ley de Acceso a la Información de la Ciudad es una ley vieja, que requiere necesariamente de una actualización. Entendemos que hay algunos intentos en ese sentido y que algunos funcionarios están trabajando en una mejor implementación de la normativa vigente.
–A nivel nacional, ¿cuáles son los avances más importantes y cuáles son las deudas pendientes?
–Algunos avances son evidentes, como por ejemplo la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario o la de Identidad de Género. Otros avances podrían ser fortalecidos, como la institucionalización de las transferencias de recursos a los sectores en situación de pobreza, que hoy dependen de decretos o resoluciones administrativas, de aumentos discrecionales, etcétera. Pero las deudas son muy grandes, como consecuencia, reitero, de la situación de desigualdad estructural en la que vivimos. En consecuencia, diría que las deudas más grandes están, justamente, en aquellas políticas que podrían servir para desarticular las condiciones de desigualdad estructural: las vinculadas a la vivienda, al acceso a la educación de calidad y de modo igualitario, a la transparencia y lucha contra la corrupción dentro del Estado, etcétera.
–¿Qué puede hacer efectivamente una ONG para combatir la corrupción?
–Puede hacer mucho: proponer políticas de transparencia, persuadir al Congreso de que es necesario que tome medidas, luchar contra el secreto en la información pública, luchar contras las leyes y normas que impiden u obstaculizan el acceso a la información en los estrados judiciales, etcétera. Pero las ONG no actúan en un vacío: son actores políticos que buscan actuar e interactuar con otros actores, incluyendo al Estado, los representantes, los ejecutivos, el Poder Judicial, etcétera. Avanzan con visiones específicas sobre los derechos humanos y es su trabajo persuadir a los demás actores –especialmente a aquellos que pueden tomar acciones invocando el poder del Estado democrático– de la necesidad de actuar en los sentidos que ellas creen que es necesario.