Los jueces laborales y penales se unieron a la oposición contra la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre del año pasado determinó que las decisiones de esos tribunales debían ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se reunió este miércoles en sesión para abordar las 14 causas que la Corte le ha remitido para su revisión. Estos incluyen fallos de carácter civil, penal y comercial. Entre los casos se encuentra el del Correo Argentino, que es de interés para Mauricio Macri, así como el asunto del policía Luis Chocobar, cuya condena por el homicidio de un ladrón ha sido revocada.
Los magistrados señalaron que los precedentes establecidos por la Corte, incluso el caso Levinas, solo son vinculantes en la causa específica en la que fueron emitidos y no los obligan bajo el Poder Judicial de la Nación. Además, sus resoluciones no pueden ser objeto de revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Los camaristas afirmaron que los precedentes de la Corte, incluso el caso Levinas, solo son vinculantes en el caso específico en el que fueron establecidos y, por lo tanto, no les imponen obligación alguna. Reiteraron que cualquier modificación a los procedimientos debe ser realizada por una ley, una facultad que corresponde exclusivamente al legislador. Además, señalaron que los jueces nacionales son inamovibles y no pueden ser trasladados a otra jurisdicción sin su consentimiento, lo que incluye la imposibilidad de que sus sentencias sean revisadas por un tribunal local.
Los jueces nacionales defendieron la idea de que la Ciudad de Buenos Aires no tiene el mismo estatus que una provincia y que su autonomía es limitada. Advirtieron que someter las decisiones de la Justicia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires representaría “un grave atentado a la independencia del Poder Judicial y a la organización constitucional y republicana”.
Por otro lado, la Cámara del Crimen emitió una acordada en la que criticó la decisión de la Corte Suprema de designar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como órgano de apelación de los tribunales nacionales.
“Esto implica una nueva configuración institucional que no considera las vías recursivas expresamente contempladas en la ley”, indicaron. Además, expresaron que “las resoluciones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos que la ley establece de manera explícita”.
Los jueces de la Cámara del Crimen elevan sus apelaciones a la Cámara Nacional de Casación, por lo que no tienen un conflicto con sus causas, pero quisieron dejar en claro su postura en contra de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia.
Afirmaron que “la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires conservará su actual jurisdicción y competencia” y advirtieron que la decisión de la Corte podría “plantear la afectación al principio de legalidad por la existencia de un tribunal que no está contemplado en la ley”.
Mencionaron que una instancia adicional de revisión podría causar demoras y costos adicionales para los litigantes, además de expresar la “preocupación e incertidumbre” que este pronunciamiento ha generado entre magistrados, funcionarios y empleados.
Firmaron este pronunciamiento los camaristas Mariano Alberto Scotto, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Lucini, Ricardo Matías Pinto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.