Con el proyecto de Democratización de la Justicia anunciado por la Presidenta Cristina Fernández aún muy fresco, una nueva iniciativa, curiosamente también del Frente para la Victoria, se mete desde otro ángulo con las relaciones de poder entre la política y la justicia, pero en este caso, con un claro beneficio para el sector judicial. El proyecto en cuestión, presentado por el diputado nacional Jorge Yoma (quien si bien aún integra el bloque K, ha ido mostrando en los últimos tiempos fuertes diferencias con el Gobierno Nacional como el voto en contra del Memorándum con Irán, y su ausencia en el recinto durante la apertura de las sesiones ordinarias), propone modificar el actual esquema de organización, administración y control de los procesos electorales quitando la injerencia del Ministerio del Interior y dejando en manos de la justicia dichas competencias.
La propuesta del Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, deja en la Cámara Nacional Electoral “la función de administración electoral, para la ejecución de los procesos electorales nacionales y la orientación de los comicios provinciales y municipales”. También establece expresamente que “el Poder Ejecutivo no intervendrá, directa o indirectamente, en ninguna función electoral nacional, provincial o municipal”, y que “todas las atribuciones y funciones asignadas al Ministerio del Interior y Transporte o a su Dirección Nacional Electoral […]serán asumidas por la Secretaría de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral”.
Entre las numerosas competencias que se proponen transferir desde el área actualmente a cargo de Florencio Randazzo hacia la Cámara integrada por los jueces Alberto Dalla Via, Rodolfo Munné y Santiago Corcuera, se incluye la administración y logística de los procesos electorales, llevar el registro de los partidos políticos y sus afiliados; “administrar el Fondo Partidario Permanente y asignar los aportes públicos, ordinarios y extraordinarios”; aprobar las fechas de convocatoria electoral (llegado el caso de comicios simultáneos nacionales y porteños por ejemplo, podría la Cámara Nacional Electoral rechazar una convocatoria si considera que se confunde a la ciudadanía); “desarrollar las actividades de recolección, procesamiento y difusión del recuento de resultados provisorios”; y, entre otras responsabilidades, entender “en materia de asignación de espacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual”.
La iniciativa, que cuenta con la firma de diputados del bloque denarvaísta, también contempla con qué presupuesto se financiará este incremento de competencias y, si bien no plantea la transferencia directa de los recursos que actualmente están destinados a la Dirección Electoral del Ministerio del Interior, establece que “los gastos que demande la participación dela Cámara Nacional Electoral en la organización, preparación y administración de los actos electorales provinciales y municipales serán atendidos con recursos de los estados respectivos, de acuerdo con el presupuesto que elabore en cada caso la Cámara, al aprobar la fecha de convocatoria del acto electoral, y que formará parte del convenio con las autoridades locales que para cada evento deberá suscribirse”.
En los fundamentos del proyecto, el diputado riojano reconoce que en las últimas elecciones “el único reproche que se ha presentado en materia de organización electoral, es la intervención del Ministerio del Interior y Transporte en algunas cuestiones sensibles de los procesos electorales”.
“La naturaleza política de ese departamento de Estado y la falta de imparcialidad del Poder Ejecutivo, por el solo hecho de estar interesado en las contiendas electorales, constituye claramente un factor de desconfianza acerca de la forma en que se cumplen las tareas que la legislación pone a su cargo. Fundada o no, la sola idea de que es posible que la Dirección Nacional Electoral manipule los recursos que maneja a favor del partido del gobierno, daña profundamente la legitimidad de los procesos electorales”, sostiene Yoma en su proyecto, remarcando que su impulso tiene como fin “evitar la aludida controversia de intereses”.
