La reforma al Código Penal que impulsa el Gobierno significa un enorme retroceso para los derechos de las mujeres. No solo propone que el aborto siga penalizado sino que además restringe su acceso en relación a la legislación vigente desde 1921 y a la interpretación que dio la Corte Suprema con el histórico fallo FAL.
La reforma creó nuevas figuras como el “aborto culposo” –por imprudencia o negligencia– y le da estatus jurídico al feto al incorporar como delito la “lesión a la persona por nacer” en forma dolosa y culposa, ampliando la amenaza persecutoria para los profesionales de la salud.
Por otra parte, las penas para quien realiza el aborto, se mantienen iguales a como están ahora: de 3 a 10 años cuando es sin consentimiento de la mujer y de 1 a 4 años, con consentimiento.
En relación a las penas previstas para la mujer, en lugar de la vigente de 1 a 4 años, se establece de 1 a 3 años, es decir, se reduce el máximo en un año, lo que puede significar mayores posibilidades de que la pena de prisión no sea de cumplimiento efectivo, aunque depende del criterio judicial ya que como principio general, en el anteproyecto las penas son de cumplimiento efectivo. El proyecto que se discutió en el Congreso –rechazado en el Senado por cinco votos– establecía una pena sustancialmente menor: de 3 meses a un año con la posibilidad de ser dejada en suspenso a criterio judicial.
En el nuevo anteproyecto, se recepta la posibilidad de suspensión de la pena e incluso se amplía el beneficio con la posibilidad de que el juez decida dejarla sin efecto. Pero “no mejora la cuestión claramente punitiva y persecutoria que este delito supone para las mujeres”. Además de seguir judicializando la interrupción del embarazo, las mujeres “quedan sometidas al arbitrio y criterio de los jueces penales, que graduarán la pena y decidirán discrecionalmente sobre su cuantía, suspensión o eximición”, advirtió la abogada María Elena Barbagelata, de la AABA.
La noticia de que el presidente Mauricio Macri envió anoche el anteproyecto de reforma al Código Penal al Congreso cayó como una bomba en el seno de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que planeaba presentar en abril su nuevo proyecto, en el que –con algunas modificaciones–vuelve a proponer despenalizar y legalizar la práctica dentro de las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo en las causales ya previstas en el Código Penal, desde 1921. El proyecto fue firmado por Garavano, el presidente Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.