El gobierno de Javier Milei busca avanzar en la reforma del Código Penal tras varios intentos fallidos durante los últimos gobiernos. Para eso conformó una comisión integrada por académicos e integrantes del Poder Judicial, que esta semana amplió con la incorporación, entre otras personas, de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del presidente de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, que fue parte de una comisión con el mismo objetivo que impulsó Mauricio Macri.
La Comisión para la Reforma del Código Penal fue formalizada por la administración libertaria a finales de febrero, por medio de la Resolución 25/2024 que firmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En los considerandos, la normativa sostiene que al día de la fecha “subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias”.
También que la Ley de Ministerios le da a Justicia la facultad de intervenir en la reforma y actualización de la legislación general y los códigos.
Quiénes integran la nueva comisión
En dos resoluciones, el Gobierno publicó el listado de los miembros. Son Capuchetti, María Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, Julio César Báez, Ricardo Ángel Basílico, Borinsky, Jorge Buompadre, Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva y Fernando Oscar Soto, además del propio ministro de Justicia.
En el Gobierno destacan la expertiz, la experiencia y la formación profesional como criterio de elección. Sin embargo, un dato que sobresale es que seis de los 11 integrantes forman parte del cuerpo docente de la Universidad del Museo Social Argentino, donde el ministro Cúneo Libarona es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Así lo pudo comprobar este medio a partir del listado de docentes disponible en la web universitaria.
Entre los miembros hay quienes reconocen que su convocatoria puede haber sido influida por ese criterio. Capuchetti, Goyena, Báez, Basílico, Villanueva y Cúneo Libarona son los integrantes de la comisión que forman parte del cuerpo docente de la mencionada casa de estudios.
Varios de ellos tienen coincidencias acerca de la necesidad de reformar un Código que data de 1921 y que a lo largo de la historia ha tenido cientos de “parches” y decenas de intentos de reforma que no tuvieron mayor avance, a diferencia del “Código Borinsky”, que fue presentado en 2019 en el Senado y, pese a que no fue tratado, no tiene plazo de caducidad parlamentaria.
Hay quienes se enteraron de que eran parte de la Comisión gracias al Boletín Oficial, después de sondeos previos.
Qué se espera del debate
En el Ministerio de Justicia trabajan en los primeros pasos de la comisión tras la elección de sus miembros y en los próximos días habría una primera reunión informativa y para comenzar a definir miembros y metodología. Todavía no está claro cómo será el funcionamiento de la comisión, pero quienes están en tema tienen presente la versión que funcionó durante el Gobierno de Macri: fueron cerca de 80 reuniones durante dos años y medio, con profundos debates.
Además de los integrantes, fueron convocados integrantes del Poder Judicial como el camarista Diego Barroetaveña, el fiscal federal Marcelo Colombo; decenas de referentes de organismos y asociaciones de víctimas de delitos, de derechos humanos e integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo para dar sus puntos de vista.
La Comisión estará coordinada por Alberto Seijas, exvocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Al igual que los comisionados, lo hará “ad honorem”. Seijas, reconocido en el mundo judicial, ya formó parte de otros paneles donde se debatieron propuestas de reforma: en 2020 fue propuesto por Juntos por el Cambio durante el debate por la reforma judicial en el Senado.
Seijas será quien coordine la implementación y el funcionamiento de los trabajos de la Comisión. También forma parte de la UMSA.
Va de suyo que el gobierno tiene serias intenciones de modificar el Código Penal a partir de un enfoque punitivista. Más allá de las declaraciones públicas del propio Milei o de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las intenciones fueron escritas en el fallido proyecto de ley ómnibus, que en su articulado incluyó modificaciones al Código apuntadas a agravar las penas aplicables a quienes cometan delitos en un contexto de manifestación o movilización de protesta.
En ese aspecto, introducía penas para los organizadores de reuniones o manifestaciones que impidan el tránsito o provoquen daños. También se pretendía que el autor de un delito o sus familiares querellen contra efectivos de las fuerzas de seguridad, aún cuando se trate de casos en los que se pueda configurar un exceso en la legítima defensa.
