Casi como un conjuro contra el fracaso, al mismo tiempo que las propias encuestas que encarga el Gobierno reflejan que su imagen declina lentamente, sus iniciativas se vuelven más y más radicalizadas.
A fines del año pasado, el Gobierno logró reunir el cuórum y los votos necesarios para aprobar la reforma previsional, que pasó por muy poco –por doce votos– en el recinto, pero registró una enconada resistencia en las calles aledañas al Congreso, donde se contabilizó una larga lista de heridos entre los manifestantes que se expresaban contra la iniciativa y entre los policías que debían “disuadirlos” de ejercer su derecho a la protesta.
Según la oposición, las escaramuzas que se produjeron dentro y fuera del recinto fueron el ensayo previo del Gobierno para “testear” las fuerzas que se alinearían contra su iniciativa de entonces, que serían las mismas que se opondrían ahora a la aprobación de su proyecto más importante, que sería este, el de reforma laboral.
Una controvertida propuesta
En realidad, el proyecto es uno solo, aunque fue desglosado en tres iniciativas por cuestiones políticas. En la Casa Rosada piensan que es mejor captar algunos votos, incluso conseguidos a cambio de las necesidades territoriales de los gobernadores, que permitirían salvar algunos artículos imprescindibles de una ley, antes que perder la batalla por intentar que se apruebe completa.
Los proyectos parecen ser inconexos, aunque no lo son. Combinan el blanqueo fiscal de los aportes previsionales de las patronales que hoy tienen trabajadores en negro; la creación del Sistemas de Prácticas Formativas (más conocidas como “pasantías”), y la instauración de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, cuyas funciones se superpondrían –parcialmente– con las de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Pero, agazapada en el articulado, aparece la opción de modificar el cálculo de las indemnizaciones por despido, una de las conquistas sociales más importantes que se lograron en la historia laboral argentina. Hasta ahora, este ítem se calculaba sobre la base del mejor salario percibido, más el Sueldo Anual Complementario, los bonos, los premios de cualquier tipo y las comisiones, más todo “reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”.
La propuesta del Gobierno suprimiría la institución indemnizatoria, que sería sustituida por un Fondo de Cese Laboral, regido por un convenio colectivo suscripto por las cámaras patronales y el principal sindicato de la actividad.
El Fondo de Cese Laboral se compondría exclusivamente por un aporte patronal equivalente a un porcentaje del salario, sumado a un adicional por las sumas remunerativas y no remunerativas que perciba el trabajador. Este ítem será, por consecuencia, el menor posible, ya que hoy los empleadores se quejan por el volumen de sus pagos a la seguridad social.
Este sistema ya existe desde hace años en la industria de la construcción, que se rige por la famosa Libreta de Fondo de Desempleo, que se caracterizó siempre por las exiguas sumas que percibieron históricamente los albañiles que pasaban a revistar en el ejército de los desocupados.
Ya en diciembre pasado, los principales espadachines de la CGT descartaron su apoyo para esta opción. De todos modos, el Gobierno confía que tendrá mejor suerte con la próxima cúpula, cuya elección sería inminente.
El segundo proyecto coincide con una vieja aspiración del movimiento obrero. Consiste en la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), que sería un organismo autárquico, cuya misión sería la de elaborar un nuevo Plan Médico Obligatorio, relacionado con las prestaciones mínimas que ofrecerán el sistema solidario y el sistema privado de salud. Además, este instituto se convertiría en el órgano de consulta en los procesos judiciales relacionados con las demandas contra las obras sociales y las empresas prepagas de salud.
Como complemento informativo, entre enero y octubre de 2017, según los expertos, se produjeron 2.802 amparos solicitados por los usuarios de las obras sociales y las prepagas. Las demandas estuvieron relacionadas, en especial, con cuestiones vinculadas con la discapacidad (alrededor del 42 por ciento), provisión de medicamentos, cirugías, prótesis y otros tipos de prestación. De todos estos casos, solo once fueron resueltos a favor de las obras sociales y las prepagas, lo que motivó la amarga queja de estas, que alegan que el 15 por ciento de sus ingresos se destina a su área jurídica.
El camino del éxito para unos, ¿derrota para otros?
Los tres proyectos del Poder Ejecutivo ingresaron el viernes último por la Mesa de Entradas del Senado, y la expectativa es que, después de su tratamiento, sean aprobadas –o no– en coincidencia con el desarrollo del Campeonato Mundial de Fútbol. En una palabra, los tres proyectos de ley podrían estar atados a la suerte de la Selección argentina, que si resultara eliminada en primera ronda dificultaría su tratamiento o, por el contrario, si avanzara hasta las instancias finales, paradójicamente, obraría como cómplice involuntaria del cercenamiento de las conquistas sociales más caras al pueblo argentino.
El punto clave de esta negociación abarca no solamente al movimiento obrero sino que compromete al poder territorial del peronismo. En efecto, ambos desleídos poderes que otrora supieron ser la base electoral del Partido Justicialista serán puestos a prueba en esta circunstancia. Aún más, se podría decir que este proceso político y la votación que significará su remate impactarán en el avance hacia la unidad del peronismo, porque las heridas que derivarían de una derrota –no otra cosa significaría su aprobación para el imaginario justicialista– no harían más que profundizar los desgarros internos que sufre el movimiento que lideró el general Perón a lo largo de casi 30 años.
Por el contrario, la negativa del peronismo a la aprobación de la norma derivaría también en una especie de pérdida del invicto en las negociaciones parlamentarias encaradas por el Gobierno que encabeza Mauricio Macri e impactaría negativamente sobre su futuro político, que para que persista exige un peronismo arrodillado.
Como se puede ver por lo expuesto, lo que está en juego excede largamente los negocios empresariales, la vigencia de la seguridad social y aún la persistencia de la acción sindical.
Carlos Tomada: “No a ninguna reforma laboral que afecte derechos”
El legislador porteño Carlos Tomada expresó a Noticias Urbanas que “ninguna reforma laboral que afecte los derechos laborales debería ser aprobada, porque los problemas que enfrenta la Argentina no están relacionados con esos derechos”.
Luego, el exministro de Trabajo durante el kirchnerismo declaró que “por el contrario, están a favor de esta reforma los que consideran que el salario es un costo y, por lo tanto, hay que bajarlo”.
“Está claro que la afectación de la institución de la indemnización por despido genera un sistema perverso, porque cualquier suma, entonces quedaría rebajada al 50 por ciento de la indemnización actual. Para que el monto futuro fuera similar al actual, el empleador debería aportar una cifra equivalente al menos del ocho por ciento del salario del trabajador”, amplió Tomada.
Como daño casi colateral, el legislador del bloque de Unidad Ciudadana planteó que “además, el proyecto plantea la ajenidad entre el trabajador y el patrón, ya que desaparece el vínculo y aquel se convierte solo en un número a tomar o despedir”.
Finalmente, Tomada planteó: “Nunca un blanqueo funcionó –y nosotros hicimos uno cuando fuimos gobierno–, porque el empresario solo suma a sus trabajadores a la seguridad social cuando su facturación le indica que la situación económica mejoró sustancialmente. Y estos casos se producen en las industrias y los comercios más grandes y no tanto en las pymes más pequeñas”.
