El Gobierno y la oposición dialoguista se conjuran para buscar un acuerdo y lograr la aprobación de la nueva versión de la Ley Ómnibus, con el fin de evitar el drama vivido por el oficialismo en febrero y dar una señal a los mercados y posibles inversores en el exterior sobre la sustentabilidad jurídica y política del programa de Javier Milei.
Sin embargo, la Casa Rosada aún no logra atar los cabos sueltos de la negociación ni despegar las dudas de los bloques dialoguistas en el Congreso que tienen la llave, junto a los gobernadores, para lograr la sanción de las reformas del Presidente.
Uno de los obstáculos que empantana el trámite es la decisión de los jefes parlamentarios del radicalismo de incluir en el proyecto de reforma laboral la eliminación de la obligatoriedad de las “contribuciones solidarias” -una de las principales fuentes de recursos de los gremios-, que surgen de los convenios colectivos de trabajo (CCT).
La inserción en la iniciativa del capítulo que ataca el financiamiento de los sindicatos puso en pie de guerra a los jefes de la CGT, quienes habían aceptado concurrir la semana pasada a una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en un gesto orientado a reencauzar el diálogo con el Gobierno y sellar una frágil tregua. A lo largo de conversación, Santiago Caputo, el estratega político y comunicacional del Presidente, dejó muy en claro que Milei estaba dispuesto a firmar un armisticio.
Caputo, el custodio de la identidad libertaria, se mostró comprensivo y pragmático ante Hugo Moyano y los “gordos”. Es más, sugirió que el gobierno cometió un error al haber incluido modificaciones en los aportes solidarios en el decreto 70/2023, un fragmento que fue frenado por fallos judiciales del fuero laboral, sin haber consensuado previamente con los sindicatos esa modificación sensible a la normativa.
En un giro conciliador, debido a la urgencia por garantizarse un éxito legislativo y reducir el nivel de conflictividad social, Caputo y el resto de los colaboradores estrechos de Milei abrieron la puerta a consensuar con la CGT la letra chica de la reforma para evitar los sobresaltos permanentes. De hecho, les adelantaron a los popes de la central obrera que habían definido darle a la UCR un rol clave: ser el rostro de la presentación de la modernización laboral. ¿Un gesto para darle centralidad y premiar a los radicales por su colaboración legislativa o una trampa encubierta para que paguen el costo político?.
La inserción en la iniciativa del capítulo que ataca el financiamiento de los sindicatos puso en pie de guerra a los jefes de la CGT, quienes habían aceptado concurrir la semana pasada a una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en un gesto orientado a reencauzar el diálogo con el Gobierno y sellar una frágil tregua. A lo largo de conversación, Santiago Caputo, el estratega político y comunicacional del Presidente, dejó muy en claro que Milei estaba dispuesto a firmar un armisticio. Caputo, el custodio de la identidad libertaria, se mostró comprensivo y pragmático ante Hugo Moyano y los “gordos”.
Es más, sugirió que el gobierno cometió un error al haber incluido modificaciones en los aportes solidarios en el decreto 70/2023, un fragmento que fue frenado por fallos judiciales del fuero laboral, sin haber consensuado previamente con los sindicatos esa modificación sensible a la normativa.
En síntesis, Milei y sus negociadores concedieron que fuera la UCR el espacio que impulsara la reforma laboral, pero recomendaron una modificación crucial para evitar el choque con la CGT. ¿Quién se haría cargo de la autoría intelectual de la versión light que conformara al gremialismo o el PJ? Esa es la discusión de fondo.
Los representantes de la UCR durante la reunión marzo en la Casa Rosada interpretaron el mensaje, pero optaron por no atender el pedido y sumaron el tema de los aportes solidarios. Es ahora o nunca, razonaron.
Jugada oculta
La cruzada de los “halcones” radicales esconde una jugada oculta. Buscan un golpe de efecto y apelar al “principio de revelación”, un latiguillo académico de Milei, durante el debate en comisión. A sabiendas de que el Gobierno prefiere excluir el artículo de los “aportes solidarios” para no complicar la sanción de la reforma ni escalar el conflicto con la CGT, De Loredo y los referentes radicales en Diputados decidieron redoblar la apuesta y desafiar al Gobierno.
“No vamos a ser los radicales quienes saquemos el tema de los aportes solidarios del proyecto. Hay que ir a fondo, no hay nada más ‘casta’ que los sindicalistas. Que lo retire el oficialismo en comisión y se hagan cargo de firmar el dictamen junto con el kirchnerismo. Veamos de qué lado está cada uno”, advierten en la cúpula del bloque de la UCR. Se trata de una movida para dejar en evidencia que Milei no se anima a ir contra la “casta” como pregona en las redes o en sus piezas comunicacionales.
¿Hasta qué punto están dispuestos a tensar para incluir el artículo sobre los aportes solidarios? ¿Qué harán si peligra el corazón de la reforma laboral? Por lo pronto, los radicales remarcan que el objetivo principal del proyecto es reducir la litigiosidad, motorizar el empleo en las pymes y ayudar a reducir la informalidad.
Pese a que un sector de la UCR considera que pecan de ingenuos por aceptar la invitación del Gobierno de presentar el proyecto de reforma laboral, los “halcones” radicales juegan fuerte para ganar centralidad en el nuevo escenario político. De Loredo, que debe contener a Facundo Manes y Pablo Juliano preservan las posiciones más intransigentes frente a la gestión de Milei, confía en lograr que una mayoría del bloque apoye la ley bases y que el radicalismo no se apresure a voltear el DNU 70/ 2023. Es decir, que la UCR no se suba a la ola de rechazo del kirchnerismo. Otra diferenciación con Martín Lousteau.
A su vez, el jefe de bloque de la UCR en Diputados se aferra al compromiso que asumió el Gobierno de que la ley bases estará atada a la reforma laboral. Es decir, el proyecto del radicalismo.
Los radicales también piden que se incorpore la temática de educación al pacto fundacional del 25 de Mayo que promueve Milei y que aumente la recomposición de los haberes jubilatorios por el efecto de la inflación de enero pasado. Intentos de marcarle la cancha al Presidente. Además, insistirán con reincorporar el capítulo de las tabacaleras.
Efecto colateral
El alcance de la reforma laboral que diseñó la UCR para entregarle en mano a Milei no solo disgustó a los jefes de la CGT, sino que encendió las alertas en el tablero de Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Ese otro sector clave para el Gobierno, que necesita armar un colchón de votos con los aliados y gobernadores dialoguistas. El apoyo de Pro ya lo tiene, pero no le alcalnza. Por eso, la llave la tienen la UCR y HCF.
Pichetto transmitió su disconformidad por la jugada de los radicales. No comparte modificar el tema de la cuota sindical o la obra social, porque considera que “pertenecen al derecho colectivo del trabajo y de las organizaciones sindicales”. Y atribuye la maniobra a la falta de conducción y crisis de liderazgo en la UCR.
Cerca de Pichetto creen que, por la profundidad de la crisis económica y la necesidad de colaborar con un eventual reactivación, es primordial avanzar ahora con los cambios “posibles” dentro de la legislación laboral. “No se puede ser más papista que el Papa. Ponen en riesgo que salga lo posible de la reforma laboral por incluir lo que genera conflicto con los gremios”, resumen.
En el entorno de Emilio Monzó y Nicolás Massot consideran que el artículo que avanza sobre los recursos sindicales podría tratarse más adelante. Los puntos más urgentes, argumentan en ese sector de la bancada de HCF, son los que reúnen un amplio consenso: la redeterminación de multas y multiplicadores para reducir la litigiosidad. ampliar el período de prueba y el fondo del cese de empleo. Es curioso: Lousteau, jefe de la UCR y una de los abanderados de la resistencia a Milei en la oposición, tiene una posición similar a Pichetto o Monzó. De hecho, su proyecto de reforma laboral no incluía cambios en las cuotas solidarias.