El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que hay cargos por concursos para cubrir empleados en la administración pública se están siendo analizando, al tiempo que no descartó que existan otros contratos firmados durante la gestión anterior que puedan ser dados de baja.
“Había en trámite 11 mil concursos y unos 2.000 habían ingresado en el último período. Primero, no queremos que se hayan hecho sobre cargo que no existe, y segundo que el concurso sea ilegítimo, por izquierda”, explicó en declaraciones a Radio Mitre.
Ibarra habló sobre el estado de situación al día de hoy en el Estado. “La decisión del presidente Macri y el objetivo del Gobierno, como ya lo dijimos, es crear y refundar un Estado que funcione, solidario, innovador; un Estado que dé servicios a la gente y un ejemplo es lo que fuimos construyendo en la Ciudad. Acá el objetivo es el ciudadano, es trabajar en la mejora concreta”, enfatizó.
Según destacó el ministro de Modernización, los ejes para todo esto es la jerarquización del empleo público. “Debemos capacitar para las nuevas tecnologías e incluir sistemas nuevos. Por eso, en los próximos días vamos a dar a conocer el decreto que lanza el Plan de Modernización, incluso para llevar la modernidad a las ciudades del interior”, señaló.
Ibarra explicó que para avanzar era necesario “ver qué es lo que tenemos y sobre todo en materia de empleo público”. “En los últimos tres años hubo más de 25 mil nombramientos y contrataciones y si se compara con años anteriores, el crecimiento fue sustancial”, denunció.
“Para poder hacer el análisis –explicó– se ordenó la revisión de los contratos y cada área de Gobierno se puso a trabajar. Al 31 de enero se identificaron 6.200 contratos que no se renovaron o se cancelaron producto de distintas situaciones”, añadió el funcionario.
En tal sentido, explicó que en la auditoria se encontraron con casos donde “había gente que ni iba al lugar de trabajo; otros que concurrían en horarios acotados. Algunos –incluso– llegaron a manifestar que eran militantes políticos. Y también hubo casos de tareas ejercidas por decenas de personas y en realidad las podía hacer una sola persona o dos”.
Al ser consultado sobre si esa situación se podría repetir en los meses de febrero y marzo, Ibarra contestó: “Es posible que haya (más rescisiones de contratos). En cada área se está analizando la gestión, la especificidad de cada uno de los cargos y las funciones. Por eso renovamos los contratos por tres meses para que se pudiera hacer este trabajo de una manera ordenada y seria”.
El Gobierno no desconoce la reacción de los gremios estatales, que ya anunciaron un paro de 24 horas con movilización, y denuncian una política de despidos masivos. “La gran mayoría del mundo sindical coinciden en la agenda que queremos y necesitamos, y que tiene que ver con la capacitación y jerarquización de la carrera del empleo público”, señaló Ibarra.
“Algunas organizaciones se han manifestado en contra, pero la política está circunscripta a este tipo de situaciones. En el Estado trabajan alrededor de 400 mil personas y sólo hablamos de los contratos que se firmaron en los últimos tres años”, concluyó.