El proyecto que contempla la reubicación de las familias de la Villa 21-24, que se encuentra en la margen del Riachuelo, fue analizado este martes en una audiencia pública en la Legislatura.
La iniciativa, de autoría de la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Karina Spalla (PRO) y del vicepresidente I del Cuerpo, Cristian Ritondo (PRO), tiene como fin trasladar a 1.334 familias que viven en el camino de sirga. La relocalización se prevé en cinco predios destinados a la construcción de nuevos complejos habitacionales en los barrios de Barracas, La Boca (Comuna 4), Flores y Parque Chacabuco (C.7), Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo (C.8) y Mataderos (C.9).
El texto ya había sido aprobado por la Legislatura en primera lectura el 25 de septiembre pasado. Ahora deberá volver al recinto para su sanción definitiva.
Vecinos de la villa ubicada en Barracas, el sacerdote Lorenzo “Toto” de Vedia, cura de la villa; funcionarios judiciales, representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR, representantes de organizaciones sociales y sindicales y legisladores se manifestaron este martes a favor de la sanción de la aprobación definitiva del proyecto en discusión, durante la Audiencia que tuvo lugar esta tarde en el salón “Presidente Perón”.
Spalla, que presidió el encuentro en el que participaron 44 inscriptos y dos expositores, agradeció “el trabajo en conjunto y el consenso alcanzado para lograr este proyecto” y adelantó la voluntad “para que la norma avance hacia su tratamiento definitivo antes de fin de año”.
En tanto, Carlos Rivero, vecino de la villa, expresó: “siento la satisfacción de que se vaya a realizar el traslado en paz pero queremos decir que, siendo la mayoría de los hombres albañiles, observamos falencias en las viviendas por lo que solicitamos que sean realizadas con ladrillos y loza” y finalmente reconoció “la tarea de los legisladores que aprobaron ésta ley” en forma inicial. Otro habitante del asentamiento, Jorge Zabala, también agradeció “el proyecto y ser escuchados”. Estos dos hombres y todas las otras personas que hablaron y serán trasladadas, solicitaron que se realicen las obras para garantizar cloacas, centros de salud, escuelas y se asegure la posibilidad de contar con medios de transporte.
El asesor tutelar Gustavo Moreno afirmó: “acompaño el proyecto que es un acto de consenso, aunque soy crítico respecto al déficit que arrastran en cuanto a la localización de los habitantes de la cuenca, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y los gobiernos de la ciudad y nacional porque todos los plazos judiciales están vencidos”.
Por parte de la ACUMAR, Antolín Magallanes brindó el apoyo a la iniciativa y destacó el consenso alcanzado. Lo mismo hicieron el Defensor Adjunto en lo Penal de la ciudad, Luis Duacastella Arbizu, quien también representó al Defensor General, Horacio Corti, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Espacio Pública y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, arquitecta Bárbara Rossen y el secretario general de Unión de los Trabajadores de la Educación -UTE, Eduardo López, entre otros participantes.
Junto a la diputada Spalla estuvieron sus pares del PRO Francisco Quinta, Christian Bauab, Cecilia de la Torre, Gabriela Seijo, Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios, Federico Salvai, Agustín Forchieri, Lía Rueda y del Frente para la Victoria María Rosa Muiños y Paula Penacca.
Estuvo también un grupo de vecinos de los barrios Espora y El Pueblito incluidos en la Ley N° 3059 que declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental de esa zona de la Ciudad, y pidieron que se tenga en cuenta esta situación, ya que se prevé ubicar en esa zona nuevas viviendas.
