A raíz de una presentación conjunta realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la Defensoría General de la Nación (Programa Riachuelo) y la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de Morón, el juez Jorge Rodríguez solicitó al Estado Nacional que aborde la problemática de los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo, que fueron relocalizados en complejos habitacionales y que no pueden hacer frente al costo de los servicios públicos de sus viviendas.
Atendiendo esta problemática, el magistrado requirió al Estado que presente, en 45 días, alternativas que permitan a estas familias la cancelación de las facturas de servicios públicos que deben, sin que se altere aún más su ecuación económica familiar. Asimismo, dispuso que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) deberá brindar información sobre las personas relocalizadas, los barrios y las próximas mudanzas previstas. Por último, requirió a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires que, en el mismo plazo, “presenten una propuesta de acompañamiento tendiente a mantener y evitar el deterioro de las viviendas”.
Por su parte, el MPD intervino para lograr esta resolución tras observar, en los últimos años, que las familias a las que patrocina en la causa Mendoza encuentran enormes dificultades para poder conservar sus nuevas viviendas. En este sentido, ha sido notorio el impacto negativo que tienen los costos de mantenimiento en las economías familiares. En particular, los elevados gastos consorciales redundan en el deterioro a corto plazo de las nuevas unidades, mientras que el alto precio de los servicios públicos ha generado que muchos vecinos no logren abonar las facturas, generando deudas imposibles de cancelar y un inminente peligro de que se les corte el suministro.
A los diversos reclamos realizados ante la administración, tanto local como nacional, sólo se había obtenido como respuesta que cada familia podía tramitar individualmente la tarifa social. “Quedó demostrado que este mecanismo es insuficiente e ineficiente, dado que los requisitos establecidos por el programa se vuelven, en muchas situaciones, obstáculos insalvables”, señaló el Defensor Adjunto Penal porteño, Luis Duacastella. Y agregó: “Además, la gestión individual sin el acompañamiento adecuado, supone que los beneficios de la tarifa social no alcancen a la mayor parte de la población relocalizada”.
Ante esta situación, los organismos de la defensa habían logrado que el juzgado federal curse en abril un requerimiento al Estado Nacional para que con intervención de los entes reguladores (ENRE, ENERGAS y ERAS), el ministerio de Energía y Minería de la Nación y la subsecretaría de Recursos Hídricos, se presenten alternativas que permitan resolver, a partir de un abordaje conjunto, la situación de los vecinos. Asimismo, el juez había requerido a la Provincia y a la Ciudad, que ofrezcan una propuesta de acompañamiento tendiente a evitar el deterioro de las viviendas.
Sin embargo, tal como destacaron Duacastella y los defensores públicos oficiales, Alejandro Fillia y Mariano Gutiérrez en su presentación ante el Juzgado, los organismos, entes y empresas no aportaron actividades “en pos de colaborar en la gestión y obtención de los subsidios al consumo de los distintos servicios”, como tampoco brindaron alternativas que permitan afrontar la cancelación de las facturas, ni realizaron un abordaje conjunto de la situación.
En tanto, desde la Provincia y la Ciudad tampoco presentaron nada para garantizar la sustentabilidad de las nuevas viviendas. “De este modo resulta imposible no sólo evitar el deterioro de las viviendas entregadas sino también garantizar la mejora en la calidad de vida de las personas afectadas en la causa”, expresaron los defensores.
Así lo entendió el magistrado Jorge Rodríguez, quien planteó que la misma Corte Suprema estableció que se debe preservar el derecho de estas personas a acceder, en sus nuevos inmuebles, a los servicios públicos esenciales y mejorar, en general,la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. “Toda vez que la pobreza y la situación de riesgo de las personas involucradas se encuentra acreditada, ponderando asimismo el alto porcentaje de niños que componen tales grupos humanos, por cuyo interés superior debo velar, es que solicitaré al Estado Nacional el abordaje de la problemática”, afirmó Rodríguez.