El abogado Roberto Boido se mostró favorable al proyecto de ley que regula el plazo de las medidas cautelares que envió el Gobierno a la Cámara de Senadores, adonde fue aprobado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.
El proyecto establece que las cautelares no podrán estar en vigencia por más de seis meses en el proceso ordinario, ni más de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo. Lo mismo, se plantea la posibilidad de que el proceso se podría extender por más de seis meses sólo si resultara indispensable desde el punto de vista procesal.
La propuesta gubernamental dispone además que un juez sólo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa y esa medida sólo tendrá validez si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentario.
Boido manifestó que “con una medida cautelar corta, se procura que el tribunal tenga una decisión en tiempo razonable, seis meses, con eventual prórroga”. De todos modos, el letrado explicó que el proyecto “está restringido a los aspectos patrimoniales y no sobre los casos de tutela de vida o de derechos alimentarios”.
“La cautelar procura establecer una protección estrictamente económica, y de ninguna manera se refiere al derecho humano de la propiedad establecido en el artículo 21 de la Convención Americana”, desmintió, ante algunas versiones. Allí Boido destacó la diferencia entre “el derecho humano a la libertad y los intereses de grupos económicos poderosos que tienen el derecho a reclamar”.
En este sentido, aclaró que “si el plazo es corto o no es un tema discrecional o discutible, pero la limitación debe existir para estos casos”, puntualizó el letrado al plantear que “cuando vamos a los Tribunales, los ciudadanos comunes no tienen tantos favores judiciales como los grandes grupos”.
