El 9 de marzo, debut en la escuela secundaria, Gastón Arispe Huaman, de 13 años, había vuelto a su casa, la número 59 de la manzana 3 del Barrio Costanera Sur Rodrigo Bueno, después de las 16.30. Era un día soleado, el verano todavía se olía, intenso, en el aire. Pero el buen humor le duró poco: apenas llegó, notó que su gato se estaba ahogando en el pozo ciego de la vivienda, a medio construir, cuyo destino era reemplazar al que estaba en actividad, colapsado. Así que Gastón corrió las maderas que tapaban el hueco, tomó una escalera e intentó colocarla sobre una de las paredes del pozo de un metro y medio de diámetro, para poder llegar hasta su mascota. Pero la escalera, como la precaria estructura, cedió: Gastón terminó cayendo a una profundidad de más de cuatro metros.
La muerte de este chico ameritó unos pocos flashes periodísticos, como si la pérdida de vidas en contexto villero ya no fuera noticia. La muerte evitable no es un accidente, dicen los vecinos de Gastón, los mismos que vieron al personal de la Superintendencia de Bomberos y de la comisaría 22 de la Policía Federal sacar el cuerpo del agujero, que es signo de la cuestión de fondo, histórica y estructural: la falta de urbanización. “Si tuviéramos condiciones dignas para vivir, Gastón no se hubiera muerto”, se lamenta uno de los delegados del barrio, Marino Sosa, sobre el caso que está siendo investigado por la fiscalía de instrucción número 12, a cargo de Martín López Perrando, cuyo sumario 186 tiene como carátula “Muerte por causa dudosa”.
Nacida a principios de los 80, a cuatro cuadras de lo que hoy es Puerto Madero, entre la Reserva Costanera Sur y la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, la villa Rodrigo Bueno también fue locación de otra muerte inocente en agosto de 2013, cuando María, una nena de 5 años, falleció en el incendio de la casa 53, en la manzana 2, a 30 metros de la casa de Gastón. Sosa y otros vecinos, como los delegados Luis Espinoza y Diego González, creen que, más allá del incendio, la causa madre fue la misma que provocó el deceso de Gastón: la urbanización que no llega. En el caso de Gastón, puntualmente, fue la inexistencia de cloacas, y en el de María, el cableado eléctrico irregular que hacen los propios vecinos, casi una madeja de hilos letal. Entonces, parece que la historia se da primero como tragedia y después… como tragedia.
“El Gobierno porteño manda un solo camión atmosférico de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) a vaciar. Pero no da abasto”, protesta Sosa. Y Espinoza agrega, por su parte, que muchos pozos ciegos no tienen pared de contención y que por lo tanto terminan desmoronándose ya que el barrio está levantado sobre terreno de relleno. “La UGIS no quiere que hagamos pozos colectivos”, precisa. La mamá de Gastón, Flora Huaman, expresó al asesor tutelar número 1 ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Gustavo Moreno, que el pozo está a medio terminar porque la policía no deja entrar material al barrio y eso la obliga a hacerlo entre la una y las dos de la mañana, teniendo que pagar elevadas sumas a los carretilleros. El asesor asegura –como respuesta a una solicitud de informe del legislador y precandidato a jefe de Gobierno por Bien Común, Gustavo Vera– no advertir “manda judicial impartida” en ese sentido. Y solicitó al GCBA, además, “la construcción de una red cloacal, consecuencia directa del pedido de urbanización del barrio. Y que, mientras tanto, se disponga la presencia de camiones atmosféricos con una frecuencia que permita el drenaje sanitario y pluvial de manera periódica, gratuita y segura”. “Para la Defensoría General resulta lamentable la negativa del Gobierno de la Ciudad a urbanizar Rodrigo Bueno. Estamos ante un barrio que tiene ya cerca de 30 años y sus pobladores tienen derecho a la Ciudad: agua potable, cloacas, calles transitables, una red eléctrica segura”, expone a Noticias Urbanas Horacio Corti, titular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
Revés judicial, martirio de pobres
La problemática de la urbanización inexistente llevó a los vecinos de la Rodrigo Bueno a presentar en 2005 un recurso de amparo contra el Gobierno porteño, justo el año en que desde Bolívar 1 se empezó a impulsar, para la zona, el proyecto inmobiliario de la empresa IRSA, Solares de Santa María. Justo el año en que, por ese motivo, hubo un intento de desalojo del barrio que finalmente no prosperó.
El 22 de marzo del año 2011, la jueza Elena Liberatori, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 4, dictó sentencia en el caso: ordenó al Gobierno porteño abstenerse de efectuar desalojos en el barrio o adoptar cualquier medida de carácter “segregativo o expulsivo”. Y declaró nulos los decretos mediante los cuales se pretendía entregar subsidios a los habitantes para que desocuparan el lugar. También lo mandó a llevar a cabo “la integración urbanística y social del barrio Rodrigo Bueno, dando participación efectiva de los residentes en relación a dichos proyectos”. Además, declaró la inconstitucionalidad del límite sur de la Reserva Ecológica por omitir la preexistencia del barrio (ver recuadro “¿Barrio versus Reserva?”) y estableció la incorporación de la Rodrigo Bueno al programa de Radicación e Integración de Villas de la Ley 148. Para eso, requirió al Ejecutivo el traslado de los automóviles ubicados en el predio de la Policía Federal Argentina lindero al barrio.
Pero el Gobierno de la Ciudad apeló el fallo. En consecuencia, el 30 de septiembre del año pasado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario revocó la sentencia, en fallo dividido. Por caso, el voto mayoritario a cargo de los doctores Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima se dio bajo el argumento de que el asentamiento en cuestión se encuentra en tierras de la Reserva Ecológica y que es el Poder Legislativo el que tiene la potestad constitucional de diseñar la urbanización de la Ciudad. En los fundamentos, los mencionados miembros de la sala señalaron, a su vez, que “la posesión aparentemente pacífica de bienes de dominio público no se torna en título hábil para reclamar la propiedad de los mismos y que no se ha demostrado que exista una manifiesta ilegitimidad o arbitrariedad en el hecho de que no se dote de estabilidad a la ocupación de los terrenos en cuestión y se urbanice el barrio”. En criollo: vivir en un lugar no da derecho a concebirse como propietario legítimo, por lo que la urbanización, al menos en esos terrenos, tendrá que esperar.
En cambio, el voto minoritario de Nélida Mabel Daniele ponderó el déficit habitacional que trae aparejadas las condiciones de vulnerabilidad en las que viven cientos de miles de personas en la Ciudad. Respecto a Rodrigo Bueno, apuntó a que el decreto que ordenaba su desalojo es “regresivo”, dado que no solo no mejora la situación de sus habitantes sino que la empeora, impidiendo que con el monto del subsidio se acceda a otra vivienda. Daniele también entendió que no hay obstáculo jurídico para que dentro de la Reserva exista el asentamiento, debido a que resultan compatibles la existencia de ambos espacios en el mismo ámbito. Consideró, en pocas palabras, que el barrio Rodrigo Bueno no es un perjuicio para la Reserva.
Ante este panorama, la comunidad de Rodrigo Bueno, con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones con el fin de que las actuaciones sean elevadas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). “Hemos conseguido que el TSJ de la Ciudad tenga que considerar la causa por la urbanización. Les pedimos a los jueces que antes de fallar escuchen a los vecinos, a las personas concretas, de carne y hueso. Y proponemos que tome ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo las causas del Riachuelo o las jubilaciones, convocando a una audiencia pública para que la sociedad pueda escuchar la voz de estos vecinos que trabajan y habitan la Ciudad en condiciones en las que sus derechos son sistemáticamente vulnerados: el de acceso a la vivienda, a la vida y a la salud, que se encuentran consagrados en la Constitución nacional, en los tratados internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución porteña”, explica Corti. Asimismo, el asesor tutelar de Menores e Incapaces ante la Cámara de Apelaciones presentó un recurso de inconstitucionalidad en el mismo sentido.
De esa forma, es cuestión de tiempo saber quién tiene razón, si el GCBA o los vecinos.
Drama con vuelo internacional
El 20 de marzo, en Washington, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires presentará, en una iniciativa conjunta del organismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la situación del barrio Rodrigo Bueno en la audiencia “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América”. La participación se dará de primera mano, a viva voz, ya que entre los disertantes habrá un vecino de la villa. Se trata de Diego Armando González quien, en un gesto maradoniano involuntario pero pertinente, habla con el pecho inflado sobre semejante experiencia. “Quién mejor que nosotros para hablar de lo que vivimos todos los días”, suelta, como un latiguillo. No es para menos: la presentación será ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nunca es triste la verdad, lo que tiene es remedio
El barrio Rodrigo Bueno, como todos los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene agua potable. El GCBA suele mandar camiones cisterna al barrio, pero siempre resulta un medio insuficiente. Del sistema de saneamiento, también, ni noticias: algunas viviendas cuentan con pozos negros que precisan ser vaciados frecuentemente (otra vez, el Gobierno envía camiones para tal fin), y otras, se encuentran conectadas a una cañería irregular que vierte los desagües cloacales sin tratamiento a un afluente del Río de la Plata. ¿Red de gas? Tampoco. Para algo existen las garrafas. El tendido eléctrico, como se señaló, es informal. La recolección de residuos del barrio supera quizás esa condición: la mayor parte de la basura es recolectada y trasladada en carretillas, cuyo contenido termina en containers dispuestos en el ingreso al barrio, allí donde yace el depósito de vehículos de la Federal.
En diciembre, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Alejandro Amor, y el Ministerio Público de la Defensa, presidido por Corti, presentaron un proyecto de ley para urbanizar el barrio, que aún no tuvo tratamiento. Justamente, el organismo a cargo de Corti organiza, cada quince días, mesas y talleres con los vecinos para discutir sobre la propuesta e instalar definitivamente el tema. Todo sea para que casos como el de Gastón no se repitan. “Cuando los médicos vinieron, después de 40 minutos, solo llegaron a la entrada del barrio, por avenida España. Esto se tiene que terminar de una vez”, suelta Marino Sosa, y deja un dato para el escalofrío: la mamá del chico que murió quiere tapar el pozo cuanto antes, como sea. No aguanta el pánico de pensar que su nieta de tres años caerá al vacío.
