Rosatti denunció que en Misiones sacaron líneas telefónicas a su nombre

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, presentó este miércoles una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py, para que se investigue el robo de su identidad luego del cual se gestionó la habilitación de cuatro líneas telefónicas a su nombre.

Ese trámite se realizó en Misiones, donde también se llevó a cabo el hackeo del celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, uno de cuyos autores confesó el lunes que había sido contratado para hacer esa intrusión y otros a políticos y magistrados habitualmente apuntados desde el kirchnerismo.

Rosatti se enteró de la maniobra por azar, cuando llegó a su domicilio particular de la ciudad de Santa Fe comunicaciones de una empresa de telefonía de la que él no es cliente. En esas notificaciones se le exigía el pago de facturas pendientes por la supuesta contratación del servicio de cuatro líneas de celular, que el titular de la Corte no había pedido.

Una primera averiguación en la firma reveló que esas líneas habían sido contratadas en enero y en la provincia de Misiones, supuestamente con el uso de un DNI falsificado que ahora le mostró a Rosatti pedir que la justicia federal investigue. Tampoco hay certeza de que esas sean las únicas líneas irregulares que fueron habilitadas. Ni que el presidente de la Corte sea la única víctima de esta maniobra.

La denuncia fue recibida por el fiscal de turno Gerardo Pollicita, pero luego del sorteo quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa, que llevaron adelante la investigación.

Desde al menos dos décadas, Misiones viene repitiéndose como una plaza importante para el espionaje ilegal. Varias causas judiciales revelaron pedidos de intervención de líneas telefónicas firmadas por magistrados de esa provincia sin que existieran fundamentos motivos procesados ​​para hacerlo, o vinculaciones entre los acusados ​​en las causas y los teléfonos que se pedían intervenir.

Misiones también tiene un lugar por su cercanía geográfica con Paraguay, desde donde han operado -según especialistas en seguridad siguen operando- varias organizaciones y empresas privadas que bajo distintas fachadas estratégicas legales hacían tareas de espionaje electrónico. Alguna de ellas, incluso, fue vinculada a personal de Inteligencia del Ejército retirado luego de que Cristina Kirchner abandonó el poder en 2015.