Republicanos Unidos, representado por el legislador porteño Yamil Santoro y los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunció ante el Juzgado correspondiente “a un grupo de integrantes del gremio de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, alegando la posible comisión del delito de atentado contra la autoridad, conforme al artículo 237 del Código Penal”.
Según las publicaciones periodísticas citadas en la presentación judicial, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, “rechazó una protesta extorsiva llevada a cabo por el sindicato de Camioneros. Esta medida de fuerza dejó a la Ciudad inundada de basura y motivó al gobierno porteño a suspender la preadjudicación de un millonario contrato de acarreo de grúas de automóviles, el cual resultaba muy oneroso y comprometía las arcas públicas con una erogación de 360 millones de dólares y un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas”.
Jorge Macri afirmó que la decisión se tomó debido a los altos costos y al impacto financiero negativo para la Ciudad. Según el alcalde porteño, la protesta del sindicato de Camioneros podría estar vinculada a la empresa de acarreo Ashira-Ecoba SA, sospechada de tener vínculos con el sindicato.
En un video compartido por el Jefe de Gobierno en redes sociales, se observa cómo un camión de basura vuelca adrede su contenido en una avenida de la Ciudad.
Los hechos denunciados podrían encuadrarse en el tipo penal de atentado contra la autoridad, que implica el uso de intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.
Republicanos Unidos sostuvo que las acciones del gremio de Camioneros intentaron forzar a las autoridades porteñas para que dejara sin efecto una decisión legítima con importantes implicancias económicas.
La denuncia solicitó que se requiera al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los videos de cámaras en la vía pública para corroborar los hechos y determinar los datos del camión y los responsables. Además, se pide investigar los hechos denunciados y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten autores de los mismos.