La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ha afirmado este 28 de marzo que Rusia y Venezuela no son provincias de EE.UU. y por eso Washington no tiene derecho a decirles cómo deben desarrollar sus relaciones bilaterales.
“En cuanto a las declaraciones del presidente y el secretario de Estado de EE.UU., vemos en ellas un intento arrogante de dictar a dos Estados soberanos cómo deben construir relaciones”, ha reiterado la vocera, añadiendo que “ni Rusia ni Venezuela son provincias de EE.UU.”. En ese contexto, ha requerido a Trump los fundamentos jurídicos en los que se basa cuando declara que “Rusia tiene que salir” de Venezuela.
Zajárova ha recordado que Moscú envió sus especialistas a Caracas en el marco de un acuerdo bilateral intergubernamental sobre la colaboración técnica-militar. “No hemos violado nada: ni acuerdos internacionales, ni legislación interna de Venezuela”, ha reiterado, precisando que Rusia no “cambia el equilibrio de poder en la región” y “no amenaza a nadie”.
A continuación, ha respondido a la cuestión sobre cuánto tiempo planean estar los militares rusos en territorio venezolano. “¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que necesiten y el tiempo que los necesite el Gobierno de Venezuela”, ha indicado.
La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ha destacado que “Guaidó puede proclamarse como quien quiera” y “ejemplos semejantes [fueron] descritos en la historia y la medicina”, pero esto no cambia el hecho de que no tiene “ningún poder real”, [ni importa] “a donde vaya su esposa”. Esta afirmación de Zajárova se produce un día después de la visita de Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a Washington, donde mantuvo una reunión con Donald Trump en el Despacho Oval.
Mientras que el Kremlin apoya la autoridad legítima, que fue elegida por el pueblo venezolano, EE.UU. lleva a cabo “una serie de acciones sistemáticas, dirigidas a la desestabilización de la situación” en el país latinoamericano. Entre las medidas en cuestión ha mencionado la imposición de sanciones contra el sector financiero, petrolero y de la producción de oro, intentos de entregar ayuda humanitaria “por la fuerza” y “actos de sabotaje” contra el sistema energético de la nación.
