En la interacción negociadora entre los gobernadores y la Casa Rosada, donde se priorizaron los acuerdos individuales sobre los grupales, persiste un asunto crucial que involucra miles de millones en recursos: las transferencias de la Anses a las 13 cajas provinciales de jubilaciones no transferidas.
Desde que Javier Milei asumió el cargo, no se ha desembolsado ni un peso por este concepto, a pesar de que existe un fundamento legal para ello. Según estimaciones de expertos, para finales de 2024, el monto acumulado podría ascender a alrededor de $2 billones (entre Buenos Aires y Córdoba sumarían $1250 millones), y esta cifra continúa incrementándose mensualmente.
Una de las opciones que se considera es que la Nación realice una transferencia mensual de un monto fijado de manera arbitraria. Este método ha sido apodado el “modelo Frigerio” por algunos, en alusión a un acuerdo establecido entre el gobernador de Entre Ríos y la administración libertaria.
De acuerdo a los datos actuales, las cuotas mensuales que Anses debería abonar como adelanto son, por ejemplo, la transferencia a Buenos Aires podría estar en torno a los $65.000 millones; a Córdoba, unos $21.000 millones; a Santa Fe, alrededor de $18.000 millones y a Entre Ríos, cerca de $12.000 millones. Estos son los distritos más relevantes, pero Neuquén debería recibir aproximadamente $4.800 millones; Formosa y La Pampa, $4.000 millones; Misiones unos $3.200 millones y Corrientes alrededor de $1.600 millones.
Los giros, conforme al esquema aprobado por el Congreso, deberán actualizarse de acuerdo con la movilidad previsional. En un año electoral, los gobernadores se preparan para volver a centrar su atención en esta negociación y, según lo que ha informado este diario, hay varios dispuestos a mantener su reclamo, aunque están dispuestos a aceptar, de manera temporal, montos establecidos de forma arbitraria.
Las deudas podrían ser abordadas mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que el Ministerio de Economía presentó en noviembre. Hasta el momento, ninguno de los tres que firmó -Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- ha incluido este aspecto. Sin embargo, el entrerriano sí firmó en diciembre un acuerdo para el pago como “anticipo” de alrededor de $2000 millones mensuales.
Además de esos distritos, las cajas de jubilación de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego se mantienen activas. Varios de estos tienen demandas judiciales en curso.
Un caso relevante es el de Córdoba; la Corte Suprema de Justicia ha convocado a una audiencia de conciliación para el próximo 23 de abril. Esta demanda, presentada por el exgobernador Juan Schiaretti en 2023, asciende a unos $550.000 millones. La convocatoria se produjo tras los comentarios del ministro Luis Caputo, quien aseguró que las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo respecto a las deudas que se reclaman mutuamente.
El “modelo Frigerio” es el enfoque que el Gobierno Nacional está considerando ampliar, con la expectativa de que los gobernadores lo acepten ante la presión financiera. Mientras Anses no realiza los pagos, son los Tesoros provinciales los que deben asumir esas compensaciones para garantizar el pago de jubilaciones. Cuando el entrerriano alcanzó el acuerdo, su administración admitió que los $2.000 millones eran “un gesto simbólico”, ya que la cantidad mensual es inferior a lo que debería corresponder, pero funcionaba como un “puente” mientras se aguardaba la finalización de las auditorías por parte del organismo.
Durante la gestión de Mauricio Macri, se estableció un acuerdo entre la Nación y las provincias que mantenía las jubilaciones dentro de su control, donde Anses transferiría el mismo monto que le costaría manejar el sistema. Para evitar que el déficit previsional aumente, sería necesario contar con más empleados públicos, lo que resulta contradictorio. Si las provincias optan por la “motosierra” en cuanto al personal, la brecha entre aportantes y pasivos se ampliaría.
De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), la proporción entre aportantes y beneficiarios es de 3 a 1 en la Patagonia; 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa. En marzo de 2024, cuando Milei, mediante un decreto, eliminó los giros realizados por Anses, se generó una nueva fuente de tensión en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.