Santiago Caputo, el asesor todopoderoso del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, un abogado especialista en compliance, transparencia, prevención del lavado de dinero, profesor de la Universidad Austral.
Según dijeron a La Nación fuentes del Gobierno, el funcionario planteó su dimisión, la que aún no fue aceptada.
El pedido de renuncia de Tessio llegó luego de que la UIF se presentara como parte querellante en la causa en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras su viaje en el yate Bandido en compañía de Sofía Clerici.
Si bien no hay ningún dato específico que conecte el caso Insaurralde y el pedido de renuncia, Caputo le pidió explicaciones a la UIF por la presentación que hizo el organismo ante el juez federal Ernesto Kreplak, que subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Los cuestionamientos habrían surgido porque, en un principio, el gobierno de Javier Milei había anunciado que tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la UIF no iban a presentarse más como querellantes en causas penales, como sí lo hicieron los funcionarios que comandaron ambos organismos durante la gestión de Mauricio Macri. Con el regreso del kirchnerismo, esos organismos se retiraron de la querellas.
La UIF fue admitida como querellante, es decir, como víctima, en la causa. La decisión la tomó Kreplak ante la solicitud de la UIF, que dirige Ignacio Yacobucci. El organismo es autónomo y autárquico por ley, pero funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y depende del Poder Ejecutivo.
La presentación como querellante se dio en momentos en que el juez Kreplak debía decidir si se quedaba con la causa en el fuero federal o si la enviaba a la justicia provincial de Lomas de Zamora, donde Insaurralde tiene influencias sobre los magistrados del distrito donde gobernó.
Kreplak finalmente decidió quedarse con la causa, al entender que era prematuro decir que no se estaba tras un delito federal como el lavado de dinero. Ahora, con la UIF como querellante, la postura del fiscal Sergio Mola puede verse reforzada en el expediente.
Alejandro Melik, titular de la OA, dijo que se iban a mantener como querellantes en los casos donde se justificara por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso.
Se habló de tener un principio objetivo de racionalidad, basado en criterios de repercusión institucional, social y económica en cada caso. La medida también alcanzaba a la UIF, que iba a manejarse con los mismos criterios, según se anunció en ese momento.
El pedido de explicaciones de Caputo y el pedido de renuncia generó desconcierto en un organismo que tiene facultades para querellar y que tiene autonomía, más allá de su dependencia funcional.
