El Gobierno de la Ciudad rechazó con sus propios números los argumentos de la Casa Rosada para mantener cerradas las escuelas al presentar ante la Corte Suprema de Justicia la contestación a una vista que le dio al alto tribunal y dijo que en el Gobierno nacional primó una falta de coordinación.
En su presentación, los abogados de la Procuración porteña fundamentaron que “en los informes que mandó la Nación no hay documentos del Ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Trotta. Esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado”.
Y recordaron que Trotta dijo en los medios que no se iban a cerrar los colegios y Alberto Fernández de todos modos dispuso el cese de la presencialidad en las aulas del AMBA.
La Ciudad argumentó además que los informes técnicos del gobierno nacional “se refieren a datos epidemiológicos que no son los de la ciudad de Buenos Aires”. Indicó que dan cifras a a nivel mundial, del país y del AMBA, “pero en ningún caso presenta información relacionada concretamente con la situación epidemiológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que torna a dichos informes en insuficientes a la hora de adoptar una decisión relativa al ámbito de ésta”.
El escrito de la Procuración agrega también: “El registro de casos de Covid-19 en la ciudad se mantuvo en valores sensiblemente menores a los reportados durante el invierno durante todo el período en el que transcurrieron las actividades presenciales en las escuelas, aportando evidencia de que la actividad escolar per se no constituye riesgo intrínseco para el aumento de casos”.
Y para rechazar el argumento de que los contagios se dan en los transportes públicos, indicaron que los boletos escolares vendidos en la ciudad cayeron en un 68% si se compara el mes de abril 2021 respecto de octubre 2019 (cuando había escolaridad habitual en todos los niveles, en un escenario prepandémico).
El informe concluye sosteniendo que “En el marco de su autonomía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifica la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de ese derecho”.