La Legislatura porteña aprobó en la sesión del jueves un convenio celebrado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la ciudad que avala la transferencia de servicios de atención directa y los recursos de los centros socioeducativos de menores en conflicto con la ley. La Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales emitió un dictamen favorable sobre la iniciativa del Jefe de Gobierno.
El Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en conflicto con la ley penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue suscripto el 20 de septiembre de 2016 entre el Estado Nacional, representado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Dra. Yael Silvana Bendel y el Gobierno porteño representado por la Dra. Isabella Karina Leguizamón, en carácter de presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con este acuerdo pasan a la ciudad los centros socioeducativos de régimen cerrado José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel Roca; el centro de admisión y derivación Úrsula Llona de Inchausti; las residencias Almafuerte, Juana Azurduy y Simón Rodríguez; y el dispositivo de supervisión y monitoreo. La transferencia también contempla los recursos económicos, el personal a cargo y los bienes muebles.
“Promueve, en una actuación coordinada de las partes, la transferencia de los dispositivos de intervención en el ámbito penal juvenil, a efectos de proveer a la máxima satisfacción de los derechos y una mayor eficacia en la asignación de recursos”, explican los fundamentos del proyecto, que recibió 32 votos positivos (PRO, BP, SP), 3 negativos (MST, AyL) y 18 abstenciones (PSA, PS, CP, FR, Suma+, FpV, BC).
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -CDNNyA- es el organismo encargado de promover y proteger el cumplimiento de los derechos de las chicas y chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Previsto en la Constitución local, fue creado por la Ley 114 e incorpora plenamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño, garantizando su plena vigencia en todo el territorio.
La Legislatura en el año 1998, sancionó la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes y creó el Consejo como organismo especializado para la promoción y articulación de las políticas públicas destinadas a la población infanto-juvenil. En el 2007, con la ley nacional de Promoción y Protección de Derechos – ley 26.061 – el CDNNYA se convirtió en autoridad de aplicación por lo que adopta medidas de protección integral de derechos en articulación con la familia, la comunidad y los organismos estatales y poder judicial.
