Representantes de comunidades aborígenes anunciaron que el domingo levantarán el campamento que montaron en febrero en el centro porteño para reclamar el reconocimiento de sus derechos y pidieron ser escuchados por las nuevas autoridades. Vale recordar que el presidente electo, Mauricio Macri, se reunió con ellos en los días previos al balotaje. Gesto que generó gran repercusión.
El cacique de la comunidad qom La Primavera de Formosa, Félix Díaz, ratificó que los pueblos originarios son víctima de una política de persecución y exterminio, al confirmar que el domingo levantarán el campamento que montaron en una de las plazoletas de la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
“Ojalá que el gobierno que venga nos escuche y trabaje con nosotros”, reclamó.
“No estamos aquí pacíficamente: tenemos que estar resistiendo un montón de adversidades”, dijo en referencia a la modalidad de protesta.
En una rueda de prensa en el campamento, Díaz aseguró que “la lucha indígena no tiene que ver con los partidos políticos, no tiene que ver con una ideología”.
El cacique qom agradeció “a toda la gente buena que estuvo con nosotros, en especial a Adolfo Pérez Esquivel, a Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Pablo Pimentel (de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y el desaparecido hermano y amigo Aldo Echegoyen”.
Díaz insistió en manifestar que las comunidades aborígenes quieren que se “respeten sus derechos humanos” e “integrarse como argentinos”, y pidió a la ciudadanía que sigan acompañando a los pueblos originarios en su lucha.
Asimismo, anunció que este sábado harán una fogata para agradecer a la Madre Tierra y el domingo levantarán el campamento en el centro porteño. Integrantes de las comunidades qom, pilaga, wichi y nivacle, nucleados en la organización Qopiwini, instalaron en febrero el campamento en el centro porteño para demandar ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández y requerir agua, salud, educación y el cumplimiento de los derechos indígenas y territoriales. La falta de respuestas de la Casa Rosada a los pueblos originarios y los intentos de las fuerzas de seguridad por desalojar a los manifestantes, merecieron expresiones de repudio de organizaciones de Derechos Humanos.
En el documento que intentaron dejar sin éxito en la Casa de Gobierno, los pueblos originarios reclamaron a las autoridades el cese “inmediato” a las persecuciones y despojos territoriales de las comunidades indígenas.
También, exigieron el cumplimiento de la Ley 26.160 que declara la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria, y dispone la realización del relevamiento de todos los territorios tradicionales que ocupan las comunidades indígenas.
