A pocos meses que los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan elegir sus representantes en el Congreso y la Legislatura de la Ciudad a través del voto, permitiendo el ejercicio de un derecho político a los menores, en materia judicial aún está pendiente en la justicia porteña la concreción de una herramienta que permitirá dar plenas garantías a los derechos de los menores en conflicto con la ley. La creación de una justicia penal juvenil en la Ciudad, si bien está contemplada en la Constitución porteña y en la Ley Orgánica del Poder Judicial local (ley 7) todavía no es una realidad, pero, frente a la necesidad de dotar a los tribunales de Ciudad de la especificidad, desde el Consejo de la Magistratura porteño se avanzará en un proyecto para su implementación.
Este jueves, los consejeros porteños se reunirán en plenario para tratar entre otros temas, un dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación y Política Judicial en el que se propone iniciar un proceso para la implementación de una justicia penal juvenil con jueces especializados en el tratamiento de menores en conflicto con la ley.
En el dictamen se resalta que “el criterio de especialidad no se ve cubierto con la simple asignación de la competencia penal juvenil a cualquier tipo de tribunal sino que requiere una dedicación funcional, por parte del juez que conoce el caso, acorde a las especiales características de los sujetos procesales involucrados”, y con este objetivo, se propone convocar a los actuales jueces de primera instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas a que voluntariamente manifiesten su interés por capacitarse para ejercer como jueces juveniles.
“El 3 de octubre de 2007 se sancionó el Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 2451), el cual establece la especialidad de los magistrados (artículo 11 y cctes.); y, por otra parte, su cláusula transitoria postula que, hasta tanto sean creados los juzgados, fiscalías y defensorías con competencia específica en materia penal juvenil, serán competentes los actuales integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explica el dictamen suscripto por la presidenta de la comisión de Fortalecimiento, Laura Grindetti, y los consejeros Gustavo Letner y Jorge Enríquez.
Y agrega: “La mencionada ley ha previsto Tribunales ‘especializados’ en materia Penal Juvenil, en virtud de la cual la noción de ‘competencia’ alude a un deslinde genérico del trabajo jurisdiccional, la ‘especialización’ que se requiere para el conocimiento y gestión de conflictos en los que están involucradas personas menores de dieciocho años de edad es de un grado mayor, implicando un conocimiento profundizado y un entrenamiento en la materia”.
El proyecto que será sometido a votación de los consejeros este jueves propone además de “invitar a la totalidad de los Magistrados a cargo de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a manifestar su voluntad de participar del proceso de integración del tribunal especializado en materia penal juvenil”, establecer los mecanismos para “una capacitación específica” la cual “deberá centrarse especialmente en la normativa, jurisprudencia y doctrina en relación a las personas menores de dieciocho años de edad en el proceso penal, incluyendo también disciplinas como la sociología y criminología”.
La iniciativa no sólo propone la capacitación de los actuales jueces penales y contravencionales que deseen asumir la competencia penal juvenil, también plantea la “capacitación a los funcionarios y empleados de los tribunales que formen parte del fuero especializado”.
De aprobarse la propuesta, el Consejo analizará los datos estadísticos de causas penales juveniles en el último año, definirá la capacitación de los magistrados interesados y el número de juzgados que se establecerán con dicha competencia. También, y en el marco de la transferencia de competencias penales pendientes de la Nación a la Ciudad, se informará a la Legislatura los datos recogidos para que se analice la necesidad de crear un fuero especializado en materia penal juvenil.
