El Senado sesionó más de 12 horas el jueves, votando temas clave como la Boleta Única de Papel (BUP) y la ley que blinda el presupuesto universitario, ambas aprobadas, y al cierre propinó otra dura derrota parlamentaria al Gobierno, rechazando el DNU que el presidente Javier Milei había firmado otorgando 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado SIDE.
Al momento de la definición, el rechazo del DNU obtuvo 49 votos a favor -unidos el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical, excepto los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri-,11 en contra y dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina. Hay tres del Pro que se sumaron a la desactivación de la norma: la porteña Guadalupe Tagliaferri -ya lo había anunciado-, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
El aterrizaje de este debate al recinto fue dificultoso. El miércoles, la UCR primero dio un guiño a favor de posponer la discusión para la semana próxima. No obstante, una nueva reunión del centenario partido, durante el mediodía de ayer, revirtió esa postura.
Bajo este panorama, al inicio de la sesión se decidió mantener dicho plan, aunque con el agregado del DNU que pidió el propio radicalismo. Tuvo la anuencia del Frente de Todos, que comanda José Mayans, que impulsó desde el minuto uno el rechazo a la norma y salió beneficiado con el devenir de la extensa jornada.
Pasada la 1 de mañana, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) aseguró que la norma “viene a poner una actualización por el contexto inflacionario, con delegaciones de la SIDE en exterior, pasajes y estadías, viáticos” y “adquisición de tecnología, que es secreta”.
El legislador oficialista luego habló de un “sistema desfinanciado” y detalló: “No hay país que no tenga inteligencia. En un contexto donde se ha reeditado no una guerra fría, pero sí con un nivel de conflictividad entre grandes potencias, donde la Argentina es objeto de análisis, la inteligencia no sólo permite detectar niveles de posibilidad de agresión del narco terrorismo, sino de otras ideologías que se han introducido en el país”.
"Lo cierto es que vivimos en un mundo conflictivo y en un sistema de alta volatibilidad, tenemos la obligación de custodiar a nuestro país y hacer una inteligencia estratégica", concluye @PagottoJC pic.twitter.com/mo7efJMYEf
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Desde el radicalismo, Pablo Blanco (Tierra del Fuego) criticó “la metodología” de este tipo de decretos, que “parece moneda corriente”, y leyó el punto tres del artículo 99 de la Constitución, que expresa: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
Allí también se señaló: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. Blanco subrayó: “No discuto si se necesitan $100.000 millones o $500.000 millones, sino el instrumento legal”.
"No cuestiono los fondos que necesita la nueva SIDE, sino el instrumento legal utilizado, se debería enviar un proyecto de ley. Voy a votar negativamente este DNU", dice @blancopabloda pic.twitter.com/G1cVRWQaUw
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“Nos perdimos una oportunidad de escuchar a los responsables”, manifestó el jefe de la bancada macrista en la Cámara alta, Luis Juez. El cordobés relató que “se intentó, hasta último momento, ver la posibilidad de tratarlo la semana que viene, pero la decisión está tomada”. Para el legislador, “esas oportunidades son difícil que las volvamos a tener”, en cuanto que “el Senado pudiera tener toda la información que merece”.
Durante los cierres de la discusión, Mayans advirtió: “No nos perdimos ninguna oportunidad. Van a tener que venir a explicar”. El formoseño también se quejó del intento oficialista para concretar una sesión secreta por este tema, con la presencia de funcionarios nacionales de diversas áreas, incluida la de inteligencia.
"Acá hay un trabajo para la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, esa Bicameral va a tener un trabajo. Porque de los 103.000 millones ya se gastaron 81.000 en 15 días, van a tener que explicar eso", subraya Mayans pic.twitter.com/r8NIiqBiot
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Financiamiento Universitario
En una nueva derrota para el oficialismo libertario, como ocurrió con jubilaciones, la oposición sancionó en el Senado la ley que de Financiamiento Universitario y dejó al Gobierno a la vera de un nuevo veto presidencial. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios.
De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del Pro: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
Como miembro informante, el flamante presidente de la comisión de Educación de la Cámara alta, el camporista Eduardo De Pedro, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”. El legislador, esta noche preocupado por el tema, tardó nueve meses en presentarse como integrante de la comisión que en la actualidad comanda.
“Si el presidente veta esta ley, que es sólo el 0,14% del PBI para las universidades argentinas, confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos”, aseguró De Pedro. Además, dijo que la inversión en el área en discusión “es un elemento esencial de nuestro modelo productivo” y contribuye a “agregar valor en cada una de las provincias”.
"El 80% de los docentes está bajo la línea de pobreza. Llevamos una inflación acumulada de 135% de noviembre de 2023 a julio de 2024. La recomposición salarial fue solo el 57%. A eso hay que sumarle la falta de trasferencias a las provincias, como el FONID", señala @wadodecorrido pic.twitter.com/i3P9fhcRIp
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El bonaerense Maximiliano Abad, primero señaló: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.
Seguido a ello, aseveró que “del otro, un Presidente que ya decidió que vetará la ley”. Y precisó: “¿Se entiende la magnitud de semejante contraste? Una sociedad que pide recursos para la educación; un gobierno que se los niega. Por eso, el papel del Congreso es fundamental. Por eso no da lo mismo cómo nos posicionamos ante este tema. Más que nunca, tenemos representar fielmente a quienes, con su voto, nos dieron la responsabilidad de ocupar estas bancas”.
"Los que educan y forman a nuestros jóvenes, los que investigan, los que aportan conocimiento y desarrollo al país hoy están bajo la línea del pobreza. Tenemos a la sociedad y a la comunidad educativa pidiendo fondos para la educación y que aprobemos esta ley", advierte @MaxiAbad pic.twitter.com/QfURx3NgMf
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Se aprobó con cambios la Boleta Única de Papel (BUP)
Tras más de nueve meses de idas y vueltas, el Senado destrabó el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) y aprobó modificaciones a la ley, que vuelve en segunda revisión a Diputados. Si la Cámara baja no sanciona rápido la iniciativa, podrían complicarse los plazos para el año próximo; si no se trata antes que termine febrero próximo, el texto perderá estado parlamentario y todo el esfuerzo realizado por la Cámara alta derivará en un papelón institucional.
Durante la votación en general, el proyecto recibió 38 adhesiones y 30 votos en contra. El rechazo fue del Frente de Todos (FdT), interbloque que comanda el formoseño José Mayans. Luego se pasó a la definición en particular, que continuó por un sendero similar y los cambios a la ley serán informados en las próximas horas a Diputados. Lo ocurrido significa un pequeño logro del oficialismo, la oposición dialoguista y, en particular, de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que quedó relegado por la más que delicada sesión que realiza la Cámara alta.
Con 38 votos afirmativos y 30 votos negativos quedan aprobadas las reformas introducidas al articulado del proyecto de ley en revisión que modifica su similar 19.945 respecto de establecer la boleta única de papel
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 12, 2024
El modelo propuesto es el mendocino, que se inspiró en el de Córdoba. Ambos distritos efectuaron varios comicios sin problemas y utilizan una sola papeleta para todo. La diferencia entre una y otra es que, según lo consensuado entre dialoguistas y el oficialismo en el Senado, el de la provincia cuyana presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales.
Para la definición de esta cuestión fueron importantes las impresiones que el Gobierno proveyó al senador del peronismo disidente y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Entre Ríos), quien se encargó de preparar un texto final. De hecho, el legislador explicó al detalle los cambios consensuados sobre un dictamen de mayoría que se encontraba frenado desde el último período estival.
La iniciativa de BUP no tendrá la posibilidad, a contramano de lo que ocurre en Córdoba y Mendoza, del casillero para votar lista completa en las generales, cuestión que el proyecto del Congreso no tiene para las PASO. Un pedido de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y de los dos misioneros renovadores -no massistas-, que fueron claves junto a otros senadores para blindar el texto en cuestión.
Otros ítems considerados apuntan a la duración de las campañas, que se ampliarán de 50 a 60 días, junto la presentación de listas 70 días antes de las PASO, en vez de 50; y la conformación de alianzas, que pasará de 60 a 80 días antes de los comicios.
"Este es un acontecimiento histórico, no debemos dejar pasar esta oportunidad. La boleta única hace un aporte importante para fortalecer el sistema democrático porque garantiza que en el cuarto oscuro esté presente toda la oferta electoral", dice @EdgardoKueider pic.twitter.com/Rl0kGDqSS2
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