El Senado se reunirá el jueves para discutir los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, quienes han sido designados como jueces de la Corte Suprema mediante un decreto del presidente Javier Milei. A pesar de que el Gobierno defiende estos nombramientos, desde el kirchnerismo han afirmado que cuentan con los 25 votos necesarios para bloquear las postulaciones de ambos.
El líder del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara Alta, el formoseño José Mayans, reiteró que su espacio posee los votos requeridos para rechazar cada pliego, los cuales necesitan el respaldo de dos tercios del cuerpo legislativo para ser aprobados. “Considero que entre todos los bloques hay más de 25 votos en contra, los cuales cambiaron tras el decreto que alteró el curso de la votación”, afirmó.
En este marco, su colega Juliana Di Tullio, aliada de la expresidenta Cristina Kirchner, confirmó que se opondrán a las nominaciones de aquellos que aceptaron ser designados en comisión por decreto del creador de La Libertad Avanza (LLA). La semana pasada, Mayans denunció que recibieron “amenazas” en relación a esta decisión.
“Recibimos ese tipo de amenazas de parte de operadores; por supuesto que estaremos presentes, el pueblo nos eligió para eso, para dar la cara”, expresó.
De acuerdo con lo que establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, los ministros de la Corte Suprema de Justicia deben ser ratificados por la Cámara Alta del Congreso de la Nación en una sesión pública, con el voto afirmativo de dos tercios de los presentes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que no retirarán los pliegos, a pesar de las recomendaciones de una parte de la oposición dialoguista.
“Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto y permanecerán en funciones hasta el 30 de noviembre de este año. Lijo aún no ha asumido. Veremos cuál es su decisión. Mansilla puede continuar en su puesto constitucionalmente”, manifestó el funcionario. Por ahora, la Corte no ha aceptado la licencia de Lijo como titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal, pero sí ha tomado juramento al segundo, quien proviene del ámbito académico.
A inicios de marzo, el Gobierno consiguió retrasar el tratamiento de los pliegos gracias a una maniobra de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con la intención de evitar que los senadores desestimen a sus candidatos para ocupar las vacantes en el Máximo Tribunal tras las salidas de Juan Carlos Maqueda (en diciembre se abre este período de gracia para negociar).
La estrategia del quórum y el poroteo de Unión por la Patria (UP) representa el principal motor de oposición hacia los pliegos de ambos magistrados, aunque recientemente sufrió una fractura en su bancada, justo una semana después de la solicitud de sesión. Cuatro senadores formaron el bloque “Convicción Federal”, con una postura más distante de la dirección de Cristina Kirchner: Eduardo Andrada (Catamarca), Carolina Moises (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis).
Tanto Andrada como Salino visitaron el jueves pasado la oficina de Villarruel. Este grupo podría llegar a proporcionar quórum para habilitar la sesión, aunque aún existen dudas sobre las posturas de estos senadores al momento de votar en contra de Lijo, en particular. A diferencia de otras votaciones, los aliados tradicionales de La Libertad Avanza (LLA) no están dispuestos a respaldarlos. El formoseño Francisco Paoltroni expresó públicamente su rechazo a Lijo, lo que le costó su expulsión del bloque libertario en el Senado. Para el Pro, él también es una figura controvertida, comenzando por Mauricio Macri, presidente del partido.
En la Unión Cívica Radical (UCR), el asunto está polarizado; Martín Lousteau y Pablo Blanco ya expresaron su desacuerdo, al igual que Carolina Losada, quien hizo campaña en contra del nombramiento del juez federal. “Las designaciones de Lijo y García Mansilla son desalentadoras, pensé que el Gobierno reconsideraría”, había afirmado en una entrevista radial.
El interbloque liderado por Mayans -que incluye a Convicción Federal- cuenta con una base de 34 miembros, a los que se sumarían otros impulsores de esta sesión, como Lousteau y Guadalupe Tagliaferri (Pro). Podrían unirse Paoltroni y Blanco (Tierra del Fuego), alcanzando así un total de 37 legisladores para lograr el quórum.
Si la sesión se habilita, este grupo -diverso- deberá conseguir los ansiados 25 votos para impedir los dos tercios, siempre que en el momento de la votación estén presentes los 72 senadores. Más allá de las especulaciones sobre este asunto, si se rechazan los pliegos, las preguntas se trasladarán al ámbito técnico, en relación a la validez de los nombramientos en comisión tras el decreto de Milei.
