La medida judicial frenó el pago del bono a desocupados. La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, ordenó la medida porque consideró el hecho “una medida electoralista”. De esa manera, la magistrada dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal como había solicitado desde el Frente de Todos.
El anuncio del bono se conoció primero a partir de noticias periodísticas que daban cuenta de un pago de 5.000 pesos en una única vez a los beneficiarios de planes sociales, y que el mismo iba a ser distribuido por intendentes afines a Macri y la fórmula oficialista.
Luego, eso fue plasmado en la Resolución 1117 de la secretaría de Empleo, la cual no fue publicada en el Boletín IOficial, y con un presupuesto de 570 millones de pesos.
Los pagos iban a llegar a beneficiarios de Lomas de Zamora, San Martín, Chaco, Formosa, Rosario, Santa Fé, Marr del Plata, Corrientes, La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta Capital Federal.
El apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.
El FdT había cuestionado ese pago señalando que con el otorgamiento de ese dinero se pretendía “condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio”.