El expresidente sigue sumando complicaciones judiciales. La jueza federal María Servini ratificó el entrecruzamiento telefónico entre el expresidente Mauricio Macri, José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, con el objetivo de determinar si hubo un flujo de comunicaciones en el marco de una investigación por supuestas presiones al Grupo Indalo.
El entrecruzamiento ordenado abarca el período entre principios de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, para tener detalle “de interlocutores comunes y frecuentes”, en medio de sospechas sobre si a partir de 2015 tras la asunción de Macri hubo presiones al Grupo Indalo, porque “se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación adquirieran una línea editorial afín al Gobierno” de ese momento.
También se investigan supuestas presiones para forzar la venta a precio vil del Grupo Indalo y limitar la libertad de prensa.
“El conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados por este Juzgado, como así también para poder determinar los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre; ello considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional”, refutó la jueza al rechazar los planteos y ratificar el entrecruzamiento telefónico.
“En base a lo desarrollado quedan suficientemente demostrados la gravedad de los sucesos que se investigan en este expediente, en el cual están bajo pesquisa diferentes actos de distintos funcionarios de alto rango del gobierno encabezado por Mauricio Macri, incluido el mismo ex Presidente, que se sucedieron desde antes de su elección formal como presidente – el día de las elecciones generales del mes de octubre de 2015 – hasta finales de agosto de 2019, destinados a afectar personal y patrimonialmente a un grupo económico; por ello el período de tiempo sobre el cual se requirieron los informes respectivos”, sostuvo Servini.
Estudiadas las posiciones, Servini rechaza hacer lugar al pedido de Macri, Rodríguez Simón y Torello. Defendió la diligencia ordenada y aseguró que “el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados”. También aclaró que “en caso de que se obtuviere información que no tuviere que ver con lo que aquí se investiga, tales datos serán excluidos del bagaje probatorio”.
Es que Rodríguez Simón, cercano a Macri, interpuso un planteo de nulidad contra la medida de prueba ordenada por la jueza hace semanas, y al mismo adhirieron las defensas de todos los demás investigados, entre ellos Pablo Lanusse, defensor de Macri.
En su argumento para oponerse, Simón aseguró que la medida de entrecruzamiento no estaba fundada, sumado a que violaba el derecho a la intimidad, por lo que era “innecesaria, inadecuada y desproporcionada”.
Ante el planteo, el fiscal federal Guillermo Marijuan y la querella representada por el empresario Fabián De Sousa, denunciante y dueño del Grupo Indalo, se opusieron.
De esta manera, los investigadores de la DAJUDECO analizarán el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. También quiere saber desde dónde se activaron esos teléfonos.
