La señal de largada fue el jueves. El proyecto del blanqueo de capitales, reforma jubilatoria, índices de actualización de los haberes previsionales y tratamiento y gestión del Fondo de sustentabilidad de la ANSeS transcurría lánguidamente entre aceptaciones y rechazos -lo habitual de cualquier proyecto legislativo- cuando esa incómoda presencia que es hoy Cristina Fernández de Kirchner arrojó la piedra del escándalo.
Una carta distribuida en las redes sociales destruyó el consenso que esperaba anudar el Poder Ejecutivo con los gobernadores peronistas, o por lo menos lo arrojó al callejón de las dudas.
CFK lo llamó “presente griego”, “Caballo de Troya”; “burla” y “bodrio legislativo”, entre otros adjetivos que no dejaron lugar a dudas acerca de su postura antagonista con respecto al planteo del Gobierno de Cambiemos.
Paralelamente, bajo la atenta mirada del propio presidente Mauricio Macri y del autor intelectual de la norma, Mario Quintana, el Ejecutivo bordaba un acuerdo que reclamó constantes negociaciones -no casualmente- con Sergio Massa (Bloque Frente Renovador) y Diego Bossio (Bloque PJ), ambos también exjefes de la ANSeS en tiempos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El dictamen incorporó una larga serie de exigencias de ambos jefes legislativos, que obligaron al diputado Luciano Laspina -presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja- a comunicarse constantemente con sus jefes en la Casa Rosada y en la sede de la cartera económica para reclamar autorizaciones y negativas.
Se dice que una negociación no existe como tal si ambos bandos no se consideran perdedores. Las modificaciones que consiguieron los antiguos titulares de ANSeS que tienen mayor relevancia son que el Estado nacional seguirá financiando el déficit de las cajas previsionales de las provincias y la continuidad por tres años más de la moratoria previsional, aunque ésta sólo alcanzará a las mujeres de al menos 60 años.
El gobierno pretendía reemplazar esta última moratoria con una pensión a la vejez que incluyera a hombres y nujeres de 65 años a más, pero debió ceder ante su necesidad de aprobar la norma. Al mismo tiempo, Massa logró que los empleados que no paguen Bienes Personales tampoco paguen Ganancias con el aguinaldo de julio.
Se eliminó el artículo -siempre hay contrabando- que eximía de impuestos a la renta financiera proveniente de acciones radicadas en mercados externos.
En otros artículos del proyecto, Quintana no cedió, pero si quiere ley deberá aceptar algunos cambios más, un riesgo que no correrá. Inclusive, en este marco, el bloque del PJ aún no consiguió que se caiga el índice actual para actualizar las jubilaciones, que fijó la Corte Suprema, que Macri quiere que sea reelaborado por otro, proveniente del Ministerio de Trabajo.
Otro caramelo chino -dulce, pero sin sabor- es que los jubilados que se encuentran en la misma fase que los que favoreció la Corte Suprema con sus fallos tendrán abogados gratis, aunque no hayan pleiteado. Los que ya posean sentencia firme cobrarán sin las quitas que pretendía Quintana.
Un caso incomprensible -aunque perfectamente coincidente con la “lógica Pro”- es que se haya autorizado al Gobierno a desprenderse de las acciones que posee ANSeS, que representan el 12 por ciento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Claro que “sólo” podrán vender hasta que signifiquen el siete por ciento del total del Fondo mencionado. Para que se reduzca en mayor medida, las acciones de las empresas que posee el organismo previsional del Estado deberán entrar en oferta pública, u ofrecerán canje de acciones o se fusionarán con otras empresas, lo que autoriza una nueva emisión de acciones.
Este punto -que Bossio anunció que no votará favorablemente, pero Massa sí- permite demasiadas interpretaciones legales, por lo que el FGS, si los funcionarios quisieran, en dos años, o quizás menos, podría quedar reducido a cero. El punto es que con el respaldo de los renovadores al oficialismo le alcanzaría para aprobarlo. Claro que si Bossio realmente se opusiera a este punto, podría endurecer su posición y canjearlo por la aprobación al algún otro menos importante.
El bloque del Frente para la Victoria, por su parte, está como el peronismo. Nadie tiene la llave para hacerlo funcionar, por eso es trabajoso cualquier acuerdo que lo incluya, interno o externo.
La carta de CFK fue como el golpe que sufre un boxeador fuerte, pero con “mandíbula de cristal”. El FPV se conformó en base a dos facciones mayoritarias: el kirchnerismo cercano a Cristina y los soldados de los gobernadores. Muchas veces, ambos sectores coinciden, pero en otras ocasiones, la disidencia es inevitable. El acuerdo con los fondos buitre fue un modelo de la divisoria de aguas y la escisión que significó la partida de Bossio para armar el Bloque Justicialista es una consecuencia directa de estos chiporroteos.
En este caso, los leales a sus gobernadores estaban dispuestos a firmar, porque hay 14 gobernadores que poseen su propio sistema de cajas provinciales de previsión social y la negociación les daba para captar más fondos nacionales para financiar sus déficits crónicos.
En este tramo, Gioja se fue de la Comisión sin firmar ningún dictamen, ya que su margen de negociación no le da hasta romper con CFK ni para discordar con los gobernadores, por lo que el brete es muy angosto.
De todos modos, esto sigue y el final aún es abierto. Habrá que ver si el miércoles finalmente hay un dictamen que pueda ser votado en el recinto. Hasta entonces, no faltarán más tensiones, acuerdos y controversias.
