El martes último, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, para defender la asignación de recursos para su cartera en el marco del Presupuesto 2025. Durante su intervención, la funcionaria destacó que los fondos solicitados responden a la necesidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y otros delitos complejos, como parte de un “cambio de paradigma en la seguridad pública”.
Los cambios dentro de las Fuerzas de Seguridad
En su exposición, Bullrich subrayó que uno de los ejes fundamentales de su gestión es la modernización de las fuerzas de seguridad. En tanto, anunció un aumento del 19% en los recursos destinados a su ministerio respecto al presupuesto del 2024, lo que permitirá, según la ministra, renovar el equipamiento de las fuerzas de seguridad con la adquisición de camionetas, patrulleros, chalecos antibalas, armas y tecnología avanzada.
“Es absolutamente fundamental tener la tecnología adecuada para combatir el delito”, afirmó, para resaltar la importancia de contar con herramientas modernas para enfrentar el crimen organizado.
Asimismo, explicó que la Policía Federal se encamina hacia un modelo de investigación, lo cual requerirá reformas estructurales dentro de la fuerza. Este proceso, calificado como “estratégico” por la ministra, se orienta a fortalecer la capacidad de investigación criminal y a desregular ciertos sistemas operativos, como los que dependen de la Prefectura, con el objetivo de simplificar y mejorar la eficiencia del control marítimo y fluvial.
El narcotráfico y el control territorial
Un aspecto central de su presentación fue la lucha contra el narcotráfico, en particular el avance en la recuperación del control de Rosario, ciudad que fue un constante foco de conflictos, derivados de la actividad de las organizaciones delictivas. “Estamos recuperando el control de Rosario”, destacó Bullrich.
En este sentido, la funcionaria se refirió a los logros obtenidos en el marco del Plan Bandera, una iniciativa que busca restablecer el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado. En palabras de la ministra, estas políticas permitieron una reducción del 65% en los homicidios dolosos en esa ciudad, lo cual consideró como una señal del “éxito del Gobierno en el combate al crimen organizado”.
Bullrich también subrayó que, a nivel nacional, se logró una disminución del 17% en la tasa de homicidios, una tendencia que, de continuar, podría “posicionar a la Argentina como el país con menos homicidios de América del Sur”.
“Ni un milímetro del territorio en manos de organizaciones criminales”, enfatizó la ministra, quien señaló que la Ley Antimafia, recientemente sancionada, marcará un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos graves.
Polémica por el aumento de fondos para la SIDE
Uno de los puntos que generó mayor controversia durante la presentación de Bullrich fue el notable aumento de los fondos asignados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que recibiría un 216 % más de recursos en el 2025, comparados con el año en curso. La ministra justificó este incremento señalando que es esencial para intensificar la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros vinculados al crimen organizado.
Este punto fue objeto de críticas por parte de algunos sectores de la oposición, quienes cuestionaron la magnitud del aumento en un área que históricamente ha sido objeto de debate, debido a su escaso nivel de transparencia y control parlamentario. Sin embargo, Bullrich defendió la medida y argumentó que el fortalecimiento de la inteligencia financiera es crucial para desmantelar las estructuras del crimen organizado que operan tanto dentro como fuera del país.
En este punto, la ministra sostuvo un fuerte cruce con el diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, cuando éste la interrogó sobre el sistema de inteligencia en las prisiones. La ministra, al responder, confundió los nombres del ministro y viceministro de Justicia del gobierno anterior. En esos momentos, cuando se mostraba desdeñosa, Moreau le gritó “mercenaria”, provocando que la ministra descendiera la discusión hasta el nivel del piso, al gritarle: “pará, nene” y otras lindezas, como “conmigo no te la creas”, seguido por un “cállate vos, caradura” y rematando el elevado nivel intelectual del debate con un callejero: “Cuidado, eh! Cuidadito!”, casi al nivel de inframundo, a cero metros de altura. También, entre gritos, acusó al legislador de haber cobrado dinero de manos del suicidado empresario Alfredo Yabrán. Como para elevar el tono de la polémica.
La presentación del Plan 90-10
Durante su intervención, la ministra además presentó el denominado “Plan 90-10”, una iniciativa que tiene como objetivo focalizar los esfuerzos de seguridad en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de homicidios. Según explicó, el 90% de los homicidios en la Argentina ocurren en apenas el 10% del territorio, por lo que el plan contempla el despliegue de un comando unificado en las provincias más afectadas, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta.
Bullrich destacó que este enfoque permitirá una intervención más eficiente y efectiva en las áreas más críticas, mejorando la coordinación entre las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. “Estamos garantizando que el Estado recupere el control total de estos territorios”, afirmó.
El Protocolo Antipiquetes
La ministra informó además que la implementación del Protocolo Antipiquetes tiene como objetivo garantizar la libre circulación en rutas y accesos, evitando los cortes que “afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y la economía” del país. Este protocolo, defendido por Bullrich como una medida para preservar el “orden público”, fue cuestionado por la oposición, que lo ve como una restricción al derecho de protesta, a causa de la represión que suele acompañar a su puesta en práctica.
No obstante, Bullrich se mostró tajante en su postura y aseguró que “lo que ellos llaman represión, nosotros lo llamamos orden”. En su opinión, garantizar el respeto por el derecho al trabajo y la libre circulación no es negociable y debe ser una prioridad para cualquier gobierno que busque el desarrollo y la paz social.
En este sentido, la ministra hizo hincapié en que su política de seguridad no discrimina por “cuestiones ideológicas” y que “el que las hace, las paga”.
En su discurso de cierre, la excandidata a presidenta enfatizó que su gestión supone una continuación de las políticas que ya había implementado durante su mandato en tiempos de la administración de Cambiemos, que transcurrió entre 2015 y 2019. Sin embargo, lamentó que muchas de esas políticas “fueron desmanteladas durante el gobierno de Alberto Fernández”.
