El pasado viernes la nueva conducción del Indec que encabeza Jorge Todesca tomó una decisión cruda en el organismo encargado de medir la inflación y otros índices. Expulsó del ente a 45 personas que no tenían siquiera un contrato firmado y que habían cobrado los meses de noviembre y diciembre.
30 de esos casos no tenían siquiera un expediente firmado por el anterior director, Norberto Itzcovich. En los otros 15 casos se trató de personas que habían pedido una excepción para ser nombradas en niveles A y B (puestos directivos y, por ende, políticos), pero que no tenían contrato.
“Hay además unos 90 agentes que están en la misma situación, pero en los niveles C, D o E [no jerárquicos], a los que vamos a regularizar”, indicaron en el organismo. Si se suma a los 27 desplazados de la semana pasada, el total de los expulsados son 72. Sin embargo, en el organismo reconocen que los contratos que están en revisión son casi unos 200.
Ante la consulta de La Nación a Todesca sobre si seguirán los desplazamientos, el director del organismo aclaró que si, y que “esta gente está sin contrato. Es una irregularidad administrativa. Después vamos a ver los casos particulares. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Hay legajos en los que lo único que había era una copia del DNI”.
El director del Indec informó además que hay unos 600 agentes cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre, pero que, siguiendo el decreto del Ministerio de Modernización de días atrás sobre el empleo público, tendrán una renovación anual. Aquellos más nuevos, unos 80, tendrán una prórroga de tres meses.
“Hay 100 contratos de la Universidad de La Matanza que fueron dados de baja por la anterior administración”, agregó luego, y se supo que varios empleados se cobijan en fueros gremiales, a sabiendas de que sobre 1600 empleados, 200 son delegados de UPCN.
