Este lunes, el Gobierno de Javier Milei decidió prorrogar nuevamente el Presupuesto 2023, a pesar de los intentos por aprobar un nuevo proyecto para el 2025. La medida, anunciada a través del Decreto 1131/2024, se extenderá hasta el inicio del próximo año, como consecuencia de la falta de acuerdos en el Congreso de la Nación y la negativa a convocar a sesiones extraordinarias. Esta es la segunda vez consecutiva que el Ejecutivo recurre a esta herramienta para gestionar las cuentas del Estado.
La prórroga del Presupuesto 2023
La decisión de prorrogar por segunda vez el Presupuesto de 2023 se produce en un contexto marcado por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, además de la tensión con las provincias. El presidente intentó negociar la nueva hoja de ruta, pero los acuerdos no alcanzaron, y las discusiones con los gobernadores, en particular, se estancaron por sus demandas en torno a temas como la coparticipación y los fondos previsionales.
Asimismo, la prórroga se basa en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, que establece que, en ausencia de una ley presupuestaria aprobada, se debe aplicar el presupuesto del año anterior con las adecuaciones necesarias que disponga el Ejecutivo.
Las demandas de los gobernadores
Uno de los puntos más controversiales de la situación es la falta de acuerdos políticos con las provincias, que le han realizado fuertes reclamos al Gobierno. Las principales demandas de los gobernadores incluyen la restitución de un porcentaje de coparticipación del impuesto a los combustibles, la distribución de fondos no utilizados de la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y la compensación de deudas relacionadas con el Pacto Fiscal de 2017, entre otras. Estos reclamos suman un total estimado de 3.700 millones de dólares, cifra que el Gobierno sostiene que no puede afrontar debido a la falta de recursos disponibles.
Por su parte, Milei manifestó su postura firme respecto a la necesidad de garantizar el déficit cero, lo que dificultó la resolución de los reclamos de las provincias. En una reciente intervención, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que prefería no arriesgar la estabilidad fiscal por aprobar un presupuesto que no cumpliera con las expectativas del Gobierno en cuanto a control del gasto público. Esto dejó claro que la postura oficial de la Casa Rosada sigue centrada en la disciplina fiscal, lo que generó el descontento en algunos sectores del país.
Las negociaciones que no llegaron a buen puerto
El proceso de negociación para aprobar el proyecto comenzó a fines de septiembre, cuando el libertario presentó en la Cámara de Diputados su primer presupuesto. La propuesta contemplaba medidas tales como la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y la eliminación de la indexación de las asignaciones familiares. Sin embargo, las discusiones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se vieron empañadas por la falta de consensos entre las distintas fuerzas políticas y la suspensión de varias reuniones claves.
En octubre, el secretario de Hacienda Carlos Guberman estuvo presente en la comisión para defender el proyecto. Sin embargo, la oposición se mostró reacia a aprobar la propuesta, especialmente debido a las propuestas vinculadas al ajuste fiscal y la distribución de fondos a las provincias. Durante ese período, el Gobierno intentó negociar con los gobernadores y con algunos sectores dialoguistas, pero las demandas de los primeros no fueron satisfechas.
A mediados de noviembre, el oficialismo suspendió la firma del dictamen que permitía tratar el proyecto en el recinto. José Luis Espert, presidente de la comisión, advirtió que no existían los acuerdos necesarios para garantizar el equilibrio fiscal que el Gobierno pretende alcanzar. En ese momento, se temía que una parte de la oposición pudiera emitir un dictamen de mayoría contrario a los intereses del Ejecutivo.
Las consecuencias de la prórroga del presupuesto
En tanto, el Gobierno tendrá un margen de discrecionalidad aún mayor para gestionar los recursos, lo que podría generar tensiones tanto con las provincias como con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La falta de un presupuesto aprobado impide una planificación adecuada de los gastos y puede generar incertidumbre respecto a la ejecución de políticas públicas, en especial en áreas como la seguridad social y la educación.
Además, la prórroga puede poner en riesgo otras iniciativas del Ejecutivo, como la flexibilización de condiciones para el canje de deuda en moneda extranjera, un tema cruvial en la estrategia económica del Gobierno. Si bien esta medida logró mantenerse vigente gracias al apoyo de sectores dialoguistas, la falta de acuerdo sobre el presupuesto podría dificultar futuros avances en esa línea.
Desde la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señalaron que, aunque el Gobierno logró un superávit financiero en octubre de 2024, la ausencia de una ley de presupuesto limita la posibilidad de implementar reformas estructurales importantes. De esta forma, se abre un escenario incierto para el Gobierno, mientras negocia con los bloques en el Congreso y las provincias.
Las posibilidades de tratar el presupuesto en febrero
A pesar de la falta de consensos y la finalización del período de sesiones ordinarias, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de tratar el proyecto en febrero del 2025, si los gobernadores acceden a respaldar la propuesta original. Sin embargo, este escenario no tiene precedentes, ya que históricamente el Congreso no aprobó presupuestos en ese mes. Las negociaciones con los gobernadores seguirán siendo claves para determinar si finalmente se llega a un acuerdo o si el Ejecutivo se quedará con una nueva prórroga.