A través de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la propuesta de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar un cargo vacante y otro que quedaría libre próximamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde este lunes, se abrió un período de 15 días para que la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales presenten observaciones, luego de que muchos sectores criticaran la presentación de Lijo, a quien no consideran a la altura del puesto.
Mediante este procedimiento, quedó oficializada la postulación de los magistrados para integrar el lugar disponible tras la salida de la exministra del Máximo Tribunal Elena Highton de Nolasco; mientras que Juan Carlos Maqueda está próximo a cumplir los 75 años y, en caso de que no se habilite la prórroga de su retiro, la administración libertaria buscaría acelerar el proceso para que el sucesor esté disponible para jurar en noviembre.
A pesar de que la propuesta del Poder Ejecutivo se dio a conocer hace casi un mes, lo que disparó una serie de objeciones públicas y declaraciones mediáticas por parte de diferentes representantes de todo el arco político en contra de la idoneidad de Lijo, dependerá del Senado aceptar o no a los postulados.
En los textos publicados, que también incluyen los “antecedentes” por los cuales el Ejecutivo eligió a ambos candidatos, se detalló además que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos” tendrán un lapso de 15 días a contar desde este lunes “para presentar al Ministerio de Justicia por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos”.
Además, indicaron que “la preselección de los candidatos para la cobertura de vacantes” se realizó “en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.
Por último, señalaron que “las presentaciones de las objeciones se deberán realizar en el Ministerio de Justicia de la Nación, en el plazo y en la forma señalada en el artículo 6° del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), por ante la Dirección de Gestión Documental y Despacho, cita en Sarmiento 329, PB (CABA) en el horario de 9.30 a 17 horas”.
Durante el último mes, la voluntad del presidente Javier Milei y su equipo de proponer a Lijo ha recibido un sinfín de cuestionamientos desde todo el arco político, incluso de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y otros referentes libertarios muy afines de Milei, como el diputado nacional Alberto Benegas Lynch.
La Corte Suprema cuenta en la actualidad con cuatro integrantes: Horacio Rosatti (su presidente), Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenskraft y Maqueda.
Sin los votos
Las críticas y cuestionamientos a la figura de Lijo atraviesan a todos los bloques de la oposición dialoguista, en particular a la UCR y el Pro, y ya sumó el rechazo abierto del senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa).
Aunque no tiene voto en este proceso, Victoria Villarruel también manifestó de manera pública su disidencia con la elección de Javier Milei de impulsar a Lijo para integrar la Corte Suprema.
En un escenario de asistencia perfecta a la hora de la votación, el Gobierno necesitaría 48 votos para asegurarse la designación de un juez de la Corte. Así, la única forma de que el Poder Ejecutivo pueda reunir esa mayoría para nombrar a Lijo deberá pasar de manera indefectible por un acuerdo político con el bloque de Unión por la Patria (UP), en el que todavía la voz de Cristina Kirchner tiene peso y ascendencia sobre, al menos, una quincena de los 33 senadores que integran la principal bancada de oposición del Senado. En algunos despachos que mantienen canales de diálogo con la expresidenta coinciden en señalar que, hasta ahora, no hubo contacto con la Casa Rosada por este tema.
