La odisea para conseguir la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus) y el paquete fiscal comenzó esta semana en el Senado de la Nación. Además, serán días cruciales para el Gobierno, ya que busca acelerar los tratamientos de los proyectos, de cara al Pacto de Mayo que se firmaría en Córdoba el 25.
El tiempo corre y el capital político del presidente Javier Milei, a medida que los resultados no llegan a la sociedad, sigue decreciendo, más allá de que su núcleo duro lo siga apoyando. De todos modos, eso no fue suficiente y esto se vio reflejado cuando el Gobierno tuvo que posponer algunos aumentos, por temor a que se disparara la inflación.
El debate de la Ley Ómnibus en el Senado
El martes pasado, el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales, presididas por Bartolomé Abdala (LLA), Ezequiel Atauche (LLA) y Edgardo Kueider (UF), recibió a varios funcionarios de la Casa Rosada, para que respondieran a las preguntas de los diferentes senadores.
La jornada la inició el ministro del Interior Guillermo Francos, quien se transformó en el principal armador político para negociar con los bloques opositores. Por su parte, el funcionario hizo referencia a la situación económica que enfrentó el libertario cuando asumió: “Se encontró con la peor crisis de toda la democracia”. Y sostuvo: “Ante esa situación hubo que tomar decisiones que forman parte de esta Ley Bases y el DNU/70”.
“El presidente Milei se encontró con un Banco Central sin un dólar legítimo y, por lo tanto, el país tenía paralizada en gran parte su producción, producto de que no había importaciones”, remarcó.
En tanto, Francos se refirió a uno de los temas más polémicos que aborda la Ley Ómnibus, como lo son las privatizaciones. “El capítulo sobre privatizaciones generó muchísimas discusiones y las sigue generando. Producto de esas discusiones y debates en Diputados, se retiraron de la lista una serie de empresas que el Gobierno nacional tenía y tiene intención de privatizar”.
Por otra parte, el funcionario defendió el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que figura en el proyecto y es uno de los principales capítulos. “RIGI es un sistema que pretende atraer a grandes inversiones para producciones en el área minera y en el de petróleo y de gas a largo plazo. Se trata de grandes montos”, fundamentó.
Este punto será clave, debido a que parte de la oposición pide cambios en el sistema que propone el oficialismo para que lleguen más inversiones y eso implicaría que la Ley Ómnibus tendría que regresar a la Cámara de Diputados para volver a ser discutida.
Frente a las consultas de los senadores acerca de la reforma laboral que se plantea en la ley, Francos señaló que hay muchas pymes que les plantean que la Ley de Contrato de Trabajo vigente les genera un problema inmenso. “Y éstas son reformas son pequeñas, no son reformas significativas. Son avances, no son un cambio fundamental”, sostuvo.
Otro de los expositores fue el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete José Rolandi, que añadió que “queremos organizar los organismos que están descentralizados del Ejecutivo. Nuestra idea es seguir cumpliendo con la política pública, pero de una forma más eficiente, con un Estado financiable por el resto de la sociedad”.
En el mismo sentido, la titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia María Ibarzábal Murphy cuestionó que “la relación del Estado con los particulares no puede seguir siendo regida por criterios y parámetros del siglo pasado”. El planteo giró en torno a las reformas del Estado que se ven reflejadas en el proyecto y en cómo se dan las relaciones entre los privados.
¿Cómo están los números en el Senado?
La situación en la Cámara alta para el oficialismo es muy compleja, ya que sólo cuenta con un bloque de siete senadores y, además, la oposición planteó varias modificaciones a la Ley Bases, que fue sancionada el 30 de abril último por los diputados nacionales.
Desde la Casa Rosada apuntan a que este jueves se pueda obtener dictamen para ambos proyectos, para ser tratados el próximo 16 de mayo en el recinto del Senado. Sin embargo, en la Casa Rosada ni cunde el optimismo con obtener los números que se necesita para sea aprobada, como ocurrió en la Cámara de Diputados. Más allá de que corre a contrarreloj, LLA sabe que aún no llegan a los 37 votos y que hay varios puntos que serán modificados, lo cual le generará un dolor de cabeza al presidente, que planea tener todo listo para el 25 de mayo.
Entre los ítems que generan mayor controversia están el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el Impuesto a las Ganancias, las facultades delegadas y la reforma previsional. Y allí el Gobierno se resiste a ceder en todos los pedidos, porque eso implicaría dilatar aún más el proceso y podría causar roces internos dentro de LLA, como ocurrió la primera vez que se trató en el Congreso.
Mientras tanto, la cordobesa Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) solicitó “que se complete el período de la moratoria previsional que vence el año próximo” y “que se garantice el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de otros organismos que no podrán ser disueltos por el Poder Ejecutivo”. También, manifestó que es necesario que se brinden certezas acerca del presupuesto universitario.
Desde el entorno cercano a Milei están mirando desde cerca a los trece senadores que integran el bloque UCR, porque apuntan que, de haber alguna fuga, podrían no estar seguros los votos. Sin embargo, Martín Lousteau (UCR) apuntó contra el RIGI y cuestionó por qué hay tantos beneficios para los empresarios en la iniciativa. “¿Hace falta tanto beneficio?”, le expresó al secretario de Hacienda Carlos Guberman, durante el debate.
A su vez, el fueguino Pablo Blanco (Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego) adelantó que no votará a favor de las facultades delegadas, porque no le genera confianza este Gobierno y tampoco aceptará las privatizaciones. Además, aseguró que el Senado no será una “escribanía de la Cámara de Diputados”.
Si algo le faltaba a este panorama poco alentador para el mandatario libertario es que la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri insistió en que debe haber cambios en los proyectos y que el Gobierno debe estar abierto “a la escucha para tener una ley que ofrezca reglas más claras, justas y mucho más beneficiosas para nuestro país y todos los argentinos”. El Pro funcionó como el principal aliado de LLA en Diputados, pero la situación en el Senado es otra y esto generó mayor incertidumbre en la Administración Milei, que contaba con esos votos y esperaba no tener que negociar alguna modificación.
En cuanto al ‘poroteo’ final, pareciera ser que hasta el momento el libertario no contaría con los 37 votos que necesita para lograr el quórum, abrir el debate en el recinto y aprobar las normas. Si bien los más optimistas dan un triunfo ajustado (35 a favor y 31 en contra), lo cierto es que los indecisos serán los que terminarán de inclinar la balanza para un lado u otro.
Resta saber si el Gobierno cederá en las modificaciones que pidieron los diputados de la UCR y del Pro para evitar cualquier sorpresa de último momento o dejará que las ‘fuerzas del cielo’ resuelvan el problema.