Sobreactuación y ventajismo, el superclásico de nuestros dirigentes

Sobreactuación y ventajismo, el superclásico de nuestros dirigentes

Todos hablan, sobreactúan y tratan de sacar ventajas.


Desde un capricho presidencial hasta el insólito operativo de seguridad para proteger a los jugadores de Boca Juniors. La política vernácula ahora se saca los ojos para decirle basta a la violencia en el fútbol. Algunos intentan apropiarse del relato para esconder bajo la alfombra cualquier tipo de impericia. Todos hablan, sobreactúan y tratan de sacar ventajas.

De un lado, Daniel Angelici, el presidente del club damnificado por los piedrazos al micro donde viajaban sus jugadores, reclama ante la Conmebol por los hechos de violencia por los que responsabiliza al eterno rival y pide la Copa Libertadores para Boca en el escritorio. Presiona en nombre de su institución sin señalar la responsabilidad política sobre el operativo de seguridad que debía custodiar al plantel hasta el Monumental, sin mencionar enfáticamente al ahora extitular del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, su mejor amigo y hombre de confianza, Martín Ocampo, puesto ahí por su propia influencia y que ahora, con su renuncia, deja en evidencia que para el papelón histórico se necesitaron tanto de los violentos como de los inoperantes.

La Argentina, que por estos días esperaba consagrar el relanzamiento de su imagen mundial con la organización del partido y la histórica visita de los líderes mundiales para la Cumbre del G20 en Buenos Aires, es la protagonista de la prensa internacional por los tristes acontecimientos del último sábado.

Tras el escándalo, el vicejefe porteño, Diego Santilli, asumió en lugar de Ocampo, el abanderado del traspaso de los recursos de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. Santilli es un hombre de mayor relieve político y de mejor diálogo con la Casa Rosada. Es hijo de un expresidente de River Plate y su apuesta para el cargo puede ser interpretada como un gesto de paz de Horacio Rodríguez Larreta para con la Casa Rosada, después de largos pases de factura por el manejo de las fuerzas de seguridad porteñas. El último episodio de violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando se debía tratar en Diputados el Presupuesto, había sido otra piedra en el zapato en una relación cada vez más tensa, cruzada de enojos y de incertidumbres por el plan electoral de Cambiemos.

Larreta y Vidal articulan juntos en una guerra fría sin cuartel contra Marcos Peña, el eterno protegido de Mauricio Macri. Desde la Casa Rosada acusaban en voz baja de tibio al jefe de Gobierno por no mostrar la mano dura necesaria para contener la movilización social. “Horacio no quiere asumir responsabilidades por temor a tener un muerto en la calle”, lo acusaba un alto funcionario, del círculo más cercano al primer mandatario, durante un off con Noticias Urbanas.

Tras la nueva suspensión del clásico, el Gobierno reaccionó rápido, y Mauricio Macri debió poner la cara. Acompañado por los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) anunció el envío de una ley para enfrentar a los barrabravas, que deberá tratarse en sesiones extraordinarias durante el verano, pese a que el proyecto del oficialismo presentado a principios de su gestión había perdido estado parlamentario en febrero pasado. Tras proponer que hubiera hinchadas visitantes durante esos partidos, ahora el Gobierno se propone salvar al fútbol, un discurso que refritan todos los gobiernos ante la coyuntura. Una promesa tan creíble como el saneamiento del Riachuelo. Otra vez, las prioridades en función de la reacción social y del cálculo político por parte de Macri, a quien no se le recuerdan gestos serios en ese combate contra las mafias en el fútbol durante su paso como presidente de Boca Juniors.

Hace unos años, un documental español reveló el trato cordial entre la Comisión de Seguridad de los xeneizes –que integraban, entre otros, los ahora fiscales y paladines contra la corrupción Guillermo Stornelli, Raúl Pleé y Gerardo Pollicita– con la barra brava liderada por Rafael Di Zeo. Para ser justos, las relaciones carnales entre los violentos y el mundo político atraviesan a casi todo el arco político y a buena parte de la sociedad que avala en los estadios los cantos de odio, violencia y xenofobia que bajan como mandamientos disfrazados de pasión desde las tribunas populares y de la que se hacen eco los hombres de bien que pagan cuantiosas sumas de dinero para ver a los clubes de sus amores.

Del otro lado, Rodolfo D’onofrio, quien al igual que Angelici trabaja en pos de sus aspiraciones políticas por fuera del deporte, todavía no puede dar respuestas sobre cómo la barra brava oficial de River Plate se hizo de 300 entradas y siete millones de pesos que fueron secuestrados el viernes en los allanamientos judiciales que se hicieran sobre los domicilios de Héctor Godoy y José Uequin, capos de Los Borrachos del Tablón.

Con el fútbol descomponiéndose hace rato a la vista de todos, Macri propuso jugarlo con ambas hinchadas. “Lo que vamos a vivir los argentinos en unas semanas es una final histórica. También una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la ministra de Seguridad que trabaje con la Ciudad para que el público visitante pueda ir”, dijo, logrando lo impensado: que tanto Angelici –el radical que, según la propia aliada de Macri, Elisa Carrió, opera sobre la Justicia, la Policía de la Ciudad y presiona por su línea radical en el distrito porteño– como D’Onofrio se pusieran de acuerdo y se plantaran firmes para que el capricho presidencial no tuviera lugar. Hasta Patricia Bullrich, sin capacidad para calcular posibles daños, canchereaba en televisión y decía que al lado de la organización del G20 en Buenos Aires, el superclásico era “algo menor” de controlar por las fuerzas de seguridad.

El lunes, Macri alimentó la teoría de que los acontecimientos fueron una venganza de los barras riverplatenses por los allanamientos, una teoría posible que la Justicia está investigando. También dijo que lo que pasó “no contribuyó en nada” en los planes oficiales de “poner a la Argentina y a los argentinos en el lugar de las oportunidades, el crecimiento, el desarrollo y en asociarnos con el resto del mundo para crecer” que sintoniza la expectativa del G20 en el país. “Una vez más, la violencia ha ganado un espacio, pero frente a esto no nos queda otra cosa que persistir y rechazar a los violentos y a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias. La única sociedad posible es una sociedad donde rige la ley y donde todos somos iguales frente a la ley. Y por eso debemos seguir trabajando y mucho, porque tenemos fallas en ese sistema”, sostuvo. También apuntó, sin dar nombres, contra “una dirigencia que apaña como una conducta razonable tirar piedras y agredir” y sostuvo que, “más allá de los operativos policiales”, no pensaba “resignarse” frente a los violentos, aunque para llevar adelante un espectáculo de estas características haya que “militarizar prácticamente toda la zona y la Ciudad”.

“Cómo puede ser que la crítica sea solamente contra la Policía, que detuvo a veintitrés personas después de todos los desmanes del sábado, y que a las horas esas personas estén libres. En nombre de todos los argentinos, no entiendo. Lo mismo nos pasó en el Congreso de la Nación cuando vimos ese destrozo masivo y esa agresión bestial”, manifestó el Presidente. Asimismo, apuntó contra la jueza Patricia Larocca, que liberó al líder de la barra brava de River por considerar que fue solamente una “contravención” tener en su poder las 300 entradas y más de siete millones de pesos.

“Cómo va a tipificar el tema como una contravención y soltar a este señor, que ahora es uno de los principales apuntados, junto a sus trescientos barras que no pudieron ir a la cancha, como los que organizaron todo este tipo de agresión. Necesitamos que los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y cada uno de nosotros como ciudadanos trabajemos en conjunto para terminar con la violencia”, afirmó Macri, para luego anunciar el envío al Congreso de la Nación de una ley contra las barras bravas que va a “ayudar a que ningún fiscal ni juez se equivoque con cómo tipifica el tipo de delito y a poder actuar con mayor claridad y contundencia, apoyando a nuestras fuerzas de seguridad cuando actúan”.

Ya no importa dónde y cuándo se disputará el partido pendiente. Si se jugará o no, o si lo definirán unos burócratas de escritorio. De todos modos, ya perdimos todos. “Pelotudos”, tituló un diario deportivo español. Así nos mira el mundo, mientras algunos están más dedicados a la rosca y a ser parte de otra monumental lavada de manos que sigue reinando sobre nuestro deporte nacional y en la sociedad, en la que siempre ganan los violentos y los vivos.

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