El Ministerio de Defensa suspendió esta semana a 16 militares y relevó a un jefe del área y ahora son investigados por corrupción. Así lo confirmaron desde la cartera que conduce Luis Petri. La decisión fue por irregularidades en el manejo de repuestos de aeronaves del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, ordenó que se realice una auditoría interna para esclarecer los hechos. Posteriormente, se determinó la suspensión de manera preventiva de los 16 militares supuestamente involucrados en el robo de autopartes de aviones (motores) de los Twin Otter y se relevó a la autoridad militar del área. También se formalizó una denuncia penal ante la Oficina Anticorrupción.
La cartera de Defensa tomó conocimiento de esta situación este lunes y junto con el Ejército ordenó la auditoría. Según las primeras investigaciones del hecho, los 16 militares habrían robado autopartes de aviones para luego venderlas. Tras la llegada de otra denuncia, Petri envió el documento a la Oficina de Transparencia de la cartera y se elevaron las actuaciones correspondientes a la Oficina Anticorrupción para que se esclarezcan los hechos.
Los hechos se encuentran en investigación administrativa al mando de un oficial auditor en pos de determinar a los responsables e implicados luego de que llegaran estas dos denuncias.
Entre los militares alcanzados por la investigación se encuentra el general de brigada retirado, Mariano Cuevillas, quien hace unos años fue director general de Aviación del Ejército y ahora venía cumpliendo funciones de asesoramiento en la unidad.
Al relevo del jefe del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, el coronel Julio Orlando Morillas, se sumó la suspensión preventiva del coronel Edgardo Suigo, los tenientes Daniel Márquez y Ángel Quintana; los mayores Diego Mancilla, Romina Toso; el teniente primero Maximiliano Maldonado; los sargentos mayores Raúl Salamone, Aldo Villalba, César Britos; el sargento principal Diego Benítez; los sargentos ayudantes Jorge Díaz, Alexis Freddo; la sargento Marcela Mastronardo y el cabo Matías Copi.
“Todavía no se aplicaron sanciones porque la actuación está en curso. La medida preventiva para facilitar las investigaciones es la suspensión del servicio. El personal retirado no puede ser suspendido porque no cumple servicios, pero está sujeto a las actuaciones disciplinarias”, explicaron en el Ejército.
Desde el Ministerio informaron que la denuncia fue presentada por oficiales subalternos del área de Aviación del Ejército, por lo que se dispuso una serie de investigaciones administrativas y el envío de una comisión a la unidad militar, encabezada por el subjefe del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Carygno, e integrada con auditores militares y personal de la Inspectoría General del Ejército. “El hecho de que el general Presti haya enviado al subjefe de la fuerza muestra la relevancia que se le da a la situación”, indicaron.
Primer año de gestión. pic.twitter.com/uSrrnXE89r
— Ministerio Defensa (@MinDefensa_Ar) December 10, 2024
El comunicado oficial del Ejército
Un par de horas más tarde, el Ejército Argentino emitió un comunicado para dar mayores precisiones. “De acuerdo a lo coordinado con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor General del Ejército ha dispuesto la adopción de medidas disciplinarias y administrativas ante la presunta comisión de irregularidades en la administración de efectos de aviación, conforme a la información canalizada por oficiales subalternos el día 6 de diciembre del corriente año”, reza el escrito.
Tras ello, ahonda sobre las medidas que se tomaron: “La suspensión preventiva del personal militar presuntamente involucrado en los hechos denunciados, con el fin de garantizar la transparencia y la eficacia de las investigaciones; el relevo de la autoridad militar responsable del área bajo análisis; la realización de una inspección exhaustiva en el ámbito de la Aviación de Ejército, a cargo del Subjefe del Ejército y de la Inspectoría General del Ejército; la formalización de la denuncia penal ante las autoridades judiciales competentes”.
“[Petri] también ha instruido a la Oficina de Transparencia para iniciar las actuaciones administrativas correspondientes y ha otorgado intervención a la Oficina Anticorrupción, de conformidad con las normativas vigentes. El Ejército Argentino continuará informando a las autoridades ministeriales y judiciales sobre el desarrollo de las actuaciones en curso”, cierra el comunicado
