Convocados por la Asociación Civil “Bajo La Lupa”, miembros de ADC (Asociación por los Derechos Civiles), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Directorio Legislativo, Observatorio Calidad Institucional de la Universidad Austral y Change.org, se reunieron para analizar reformas necesarias a la Ley N° 25.320 “Régimen de inmunidades para legisladores y magistrados” (conocida como ley de Fueros).
La presidenta de la Asociación Civil Bajo la Lupa, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez hicieron un repaso de los antecedentes constitucionales y normativos y de la legislación comparada, poniendo de manifiesto los riesgos y dificultades que se han presentado con la aplicación de la mencionada ley. El resto de los participantes coincidió en que existe un abismo entre la ley formal y su diseño al momento de ser aplicada. “Debemos ir hacia un sistema igualitario, más creíble y justo, lo menos abierto posible para sacarle discrecionalidad política de adecuación según el caso”, aseguraron. “La norma no debería ser tan abierta como para dejar su aplicación librada a un poder judicial con bajos índices de confiabilidad, o a un legislativo que ha mostrado actuar corporativamente como un obstáculo.”
En la reunión surgieron diferentes posturas respecto de la Ley: varias propuestas de reforma, mantenerla sin modificaciones, su derogación con o sin reemplazo. Durante el intercambio se abordaron los artículos 16, 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional y cómo esta Ley afecta la condición de igualdad de los habitantes; también se trabajó sobre legislación comparada (otros países no amplían con leyes y sólo se ajustan a lo que dice la Constitución), así como en los conflictos y riesgos en su aplicación.
La coincidencia general se estableció sobre la proposición de un protocolo de aplicación inmediata, muy completo, que incluya responsabilidades, plazos, entre otras cuestiones. Y de manera particular, avanzar a la derogación del último párrafo del artículo 1 de la ley en cuanto determina que un juez debe notificar a la Cámara del Congreso antes de proceder al allanamiento de domicilio u oficina de un legislador o a la interceptación de sus comunicaciones. Este aspecto de la norma, sin duda, se consignó, constituye un impedimento que obstaculiza el avance y la eficacia de una investigación y la aplicación de la ley penal.
Las organizaciones participantes continuarán con la elaboración de un borrador de proyecto en la intención de llevarlo para su tratamiento al Poder Legislativo, siempre dentro del margen de las garantías que la constitución establece circunscriptas a los legisladores para sus opiniones y expresiones en el ejercicio de sus cargos. “Debemos ir por la transparencia y la igualdad de todos los ciudadanos”, concluyeron los presentes.